Un mes después de que las fiscalías de Argentina y Brasil acuerden una modalidad de trabajo conjunta para investigar a todos los argentinos que cometieron delitos en asociación con la compañía Odebrecht, los procuradores denunciaron “obstáculos” e “injerencias indebidas” de los gobiernos de ambos países. Entre los vinculados a la mega causa está Gustavo Arribas, jefe de los espías, acusado de recibir coimas.
En una declaración conjunta, los titulares de los ministerios públicos argentino, Alejandra Gils Carbó, y brasileño, Rodrigo Janot, instaron a los poderes ejecutivos que acompañen sus esfuerzos y “resuelvan de manera urgente los obstáculos impuestos”.
El 22 de junio, los procuradores firmaron los términos del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para trabajar de manera conjunta en los casos que surgieron relacionados a Odebrecht y los nuevos que puedan aparecer. Para eso habían viajado a Brasilia los fiscales Franco Piccardi, Carlos Stornelli y Sergio Rodríguez.
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Como este acuerdo dejó de lado al Gobierno que comanda Mauricio Macri, el ministro de Justicia, Germán Garavano, intentó llegar a un entendimiento directo con la filial local de la multinacional para conseguir información de primera mano y luego girársela a la Justicia.
Gils Carbó y Janot advirtieron hoy que “las autoridades centrales en materia de cooperación jurídica internacional de ambos países presentan obstáculos y requerimientos que constituyen injerencias indebidas en el desarrollo de los acuerdos que en materia de investigación del caso Odebrecht realizaron los Ministerios Públicos de Brasil y Argentina”.
El Ministerio de Justicia brasileño exigió una intervención directa en la redacción del Acuerdo de Constitución del ECI “orientada, fundamentalmente, a que las pruebas compartidas en ese marco de cooperación sean tramitadas por las autoridades centrales”. Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, encabezado por Jorge Faurie, “propuso convertir el ECI en un tratado internacional negociado por los poderes ejecutivos”.
“Ambas solicitudes desvirtúan la herramienta de cooperación entre los órganos judiciales competentes para la investigación”, explicaron los procuradores. Calificaron como un “paso trascendental” la coordinación de las actuaciones y la coordinación y, por esto, solicitaron que los gobiernos acompañen esos esfuerzos y “resuelvan de manera urgente los obstáculos impuestos”.
Arribas había sido denunciado por cobrar sobornos por U$S 850.000, pero fue sobreseído antes de que comience la investigación tanto por el juez de primera instancia como por la Cámara de Casación. Por esto, Rodríguez presentó un nuevo recurso para que sea la Corte Suprema la que decida sobre el jefe de los espías.
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