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A través de un comunicado, el observatorio destacó que "el objetivo de mantener el espacio público libre de usurpadores llevó a que la exUCEP cometiera graves violaciones a los derechos humanos de las personas más humildes".
Según precisaron, el organismo creado por el Gobierno porteño "dejaba al arbitrio de simples funcionarios de bajo rango administrativo la calificación del tipo penal usurpación" pese a que "esta facultad está reservada a un juez".
Macri, a quien se lo investigaba por 17 casos de violencia en los operativos de desalojo realizados por la ya disuelta UCEP, fue sobreseído la semana pasada por el juez de instrucción Facundo Cubas.
El jefe de Gobierno había sido sobreseído en 2011 por la jueza de instrucción María Fontbona de Pombo pero luego las querellas apelaron y la Cámara del Crimen, en 2012, revocó esa decisión de primera instancia y ordenó profundizar la investigación por los hechos que tuvieron lugar entre 2008 Y 2009.
Tras criticar el sobreseimiento de Macri, el ODH consideró como "positivo" el procesamiento de los funcionarios de la exUCEP Fabián Jorge Rodríguez Simón, Jorge Cristian Polini y Luis Manuel Savoiardo por lesiones, amenazas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En esta línea, aseguraron que existen "pruebas que surgen de las evidencias" en las que "varios de los operativos fueron a requerimiento de los principales referentes del PRO, Mauricio Macri, Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta".
También negaron que "no existiera evidencias de la participación de Macri en la realización de los operativos" porque, agregaron, "en el listado presentado por la propia UCEP hay un operativo de la calle Esteban De Luca donde aparece el jefe de Gobierno como la persona que lo requirió".
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