Hace dos semanas Jujuy fue noticia por una escandalosa decisión del gobierno de Gerardo Morales que vulneró los derechos de una niña de 12 años víctima de violación tras negarle el acceso a un aborto no punible y al haberla obligado a parir. Una semana después, el diario La Nación publicó un escandaloso editorial justificando la maternidad de las niñas menores de edad. ¿Cuál es la realidad de una niña embarazada en Argentina? ¿Cuáles son sus derechos y qué hace con los mismos el sistema de salud? ¿Los garantiza?
En Argentina, según la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, 3.000 niñas y adolescentes menores de 15 años se convierten en madres por año. Varias de ellas deberían poder acceder al aborto no punible ya que en el país este derecho se debe garantizar a toda embarazada que lleve adelante un embarazo que ponga en riesgo su vida o salud o que se haya producido producto de una violación.
El código penal argentino, en su artículo 119, considera que toda relación sexual con una menor de 13 años es abuso y que la relación no fue consentida libremente por lo cual todas las menores de 13 que hayan quedado embarazadas tienen derecho a pedir un aborto no punible –ya que fueron abusadas-. Sin embargo, el sistema de salud –que está obligado a garantizar estos abortos- hace caso omiso a los pedidos de las menores y lleva adelante estrategias para no garantizar sus derechos.
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La abogada Sabrina Cartabia, quien trabajó con niñas embarazadas producto de Violencia Sexual, contó en Twitter que ella vio en primera persona el calvario que pasan las menores intentando encontrar servicios de salud que le garanticen sus derechos y dialogó con El Destape sobre las estrategias que usan para no garantizar los mismos.
“La dilación es la estrategia más común para no hacerles un aborto no punible. Cuanto más logran dilatar el tema es más difícil el acceso a la práctica”, explicó. En esa línea, agregó: “También está el tema de la falta de transparencia activa porque es probable que las niñas no conozcan su derecho al aborto no punible y los médicos tienen la obligación de informar sobre éste, pero no lo hacen”.
Catarbia apuntó, además, que "se les pide que sus progenitores presten consentimiento informado y a ellas se las deja por afuera de la decisión” y advirtió que faltan políticas públicas como capacitación, recursos y sanciones frente a obstaculizaciones y violaciones de derechos.
La médica jujeña Luz Díaz, miembro de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, habló con este medio y aclaró por qué es un obstáculo el pedido de consentimiento informado a sus progenitores: “Nosotras sabemos que muchas veces los abusos se produc en en ámbitos intrafamiliares entonces las niñas se van a negar a ir porque tienen que ir acompañadas por las personas que abusaron de ellas”.
Luciana Sánchez, abogada de Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto, también opinó sobre cómo el sistema de salud no garantiza los derechos: “La primera mala práctica del sistema de salud está en no salir a buscar a estas niñas. La promoción de la salud, la salud comunitaria, la atención primaria de la salud tiene que ver con todo aquello que sucede más allá de las instituciones hospitalarias, pero el sistema de salud se queda esperando que las niñas vayan a los hospitales atravesando la vergüenza, sus imposibilidades, su falta de recursos”.
Para no garantizarles sus derechos, según explicó, usan estrategias como “filtrar una ecografía del feto, hacer correr la información para que circule el estigma social y todo el mundo sepa que esa niña fue abusada y está embarazada y divulgar información para que muchos grupos vayan a presionar a la niña, a la familia”. También marcó que es común que “se le ofrezca a las familias –sobre todo a las que son muy humildes- beneficios. Les dicen que si tienen al niño le van a dar muebles, ropa, pañales". Y sentenció: "Usan lo que son derechos sociales y económicos como una forma de extorsión. Les ofrecen lo que son sus derechos pero sólo a cambio de una maternidad forzada”.
Otro punto importante es que el sistema de salud usa como excusa los plazos para establecer un aborto no punible, aunque estos no existen en el fallo "FAL" de la Corte Suprema. “El fallo FAL no establece límite de semanas para el aborto no punible. Los plazos de consultas en una ley de aborto tienen que existir, pero para controlar que quienes pretendan obstaculizar esta decisión no puedan hacerlo, no como una excusa de tal modo de no garantizar el derecho” señaló. En esa línea, explicó: “En el sistema de salud se miente cuando se habla de si hay o no posibilidad de hacer abortos en etapas avanzadas del embarazo. Obviamente siempre que sea posible es mejor para quien quiere abortar hacerlo cuanto antes en el embarazo pero puede pasar que se tenga que hacer un aborto de un embarazo avanzado y la práctica médica es decir que esto no es posible cuando, en realidad, es mentira y sí se puede”.
La médica jujeña Luz Díaz confirmó que sí se pueden hacer abortos en estados más avanzados del embarazo y aseguró que es cierto que hay médicos que aprovechan el estado avanzado para decir que no se puede hacer el aborto cuando en realidad se puede. Además, contó las técnicas para no practicar abortos no punibles que ve día a día en el sistema de salud: “Se dilata, se demora, se hace esperar de más. No se hacen a término las radiografías y se piden cosas que ya se tienen”.
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