Por buena recepción de los acreedores extranjeros, el Gobierno postergó un día la posibilidad de canjear el bono dual emitido por Luis Caputo en 2018, que supone el desembolso de $ 105.000 millones el 13 de febrero. El ministro de Economía, Martín Guzmán, propuso cuatro instrumentos con diferentes rendimientos para un título que vence antes de que pueda abrirse formalmente la renegociación de la deuda pública. Mientras, los funcionarios reciben ofertas de reestructuración de los fondos de inversión. Marzo será el mes más álgido para el Ejecutivo.
Los funcionarios de Economía se mostraron confiados ante El Destape de la aceptación de las opciones que les alcanzaron a los tenedores del AF20, el nombre técnico con el que el entonces ministro de Finanzas de Mauricio Macri había emitido U$S 1.600 millones por 17 meses. Explicaron que la postergación por 24 horas se decidió para poder procesar todos los pedidos y la diferencia de huso horario, pero no precisaron qué porcentaje de adhesión consiguieron hasta el momento. En plena corrida y pedido del préstamo al FMI, Cambiemos había lanzado al mercado un bono que forma parte de “un perfil de deuda insostenible”, describió el secretario de Finanzas actual, Diego Bastourre.
El 80% de quienes poseen el bono dual son extranjeros, principalmente institucionales, con una participación del 24% de BlackRock, uno de los fondos que más participó en las emisiones de Caputo.
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El Senado aprobará esta semana la discusión de la deuda estatal extranjera. La ley de administración financiera habilita a Alberto Fernández a cambiar las condiciones de los bonos siempre que mejore dos de las tres condiciones: tasa, capital o plazo. Por lo tanto, el aval del Congreso se presenta como un respaldo institucional al Frente de Todos para presentarse más sólido frente a los acreedores y, a la vez, un claro antagonismo frente a la omisión que le hizo Macri al Legislativo para el mayor crédito en la historia del país y del Fondo.
¿Quiénes se beneficiaron con la deuda de Macri?
Antes de empezar la reestructuración, el ministerio contratará a consultoras para mapear a los acreedores. Varias de las emisiones de deuda en el macrismo fueron absorbidas por unos pocos grupos especulativos y otras se armaron ad-hoc a las necesidades de liquidez de financieras amigas.
Las cláusulas de negociación por las que se guiará Guzmán lo obligan a cerrar un acuerdo general con el 75% de los bonistas o dos tercios del total y 50% de cada título. Sin embargo, la información pública sólo les permite conocer en manos de quiénes está hasta el 40% de los títulos, por debajo del umbral mínimo necesario, lo que los obliga a asesorarse con privados especializados para conseguir cerrar las reuniones antes del 31 de marzo.
De hecho, en la primera semana del mes próximo, el país determinará la estructura final de la oferta para “restaurar la sostenibilidad de la deuda pública”, mientras mantiene el boceto guardado bajo siete llaves. En la segunda, la lanzarán y harán el “roadshow” (reuniones informativas con los acreedores) por 15 días. Guzmán confía en dar por finalizado el proceso para el último día de marzo.
¿Por qué cerrar la negociación en marzo?
Luego del cepo cambiario que impuso Macri, las reservas internacionales aumentaron los últimos dos meses de 2019. Los U$S 45.064 millones que alcanzó el Banco Central no logran ser suficientes para cubrir los vencimientos de capital ni de intereses de la deuda de este año. Luego del reperfilamiento de letras y títulos públicos del entonces ministro de Hacienda Hernán Lacunza incrementó las obligaciones de U$S 48.687 a U$S 63.081 millones, precisó la consultora Ficonomics.
En abril se concentran cerca de U$S 11.000 millones y en mayo U$S 10.000 millones, de acuerdo al Observatorio de la deuda de la Fundación Germán Abdala. Esto obliga a los funcionarios a negociar en tiempo récord para armar el perfil “sustentable” que estructuraron y que les permita concentrar sus esfuerzos en una macroeconomía golpeada por los cuatro años del gobierno de Macri.
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