Necesitamos declarar la Emergencia Crediticia para los sectores populares

El gobierno de Cambiemos se retirará dejándonos un presente muy complejo. Basta con mirar las cifras del aumento de la pobreza que afecta a más del 50% de niñxs y adolescentes, el aumento del desempleo por encima de los dos dígitos y la pérdida de derechos de nuestros mayores para dar cuenta del escenario en el que tocará gobernar los próximos cuatro años. Ante este panorama, es urgente tomar medidas que empiecen a revertir esta situación.

En los últimos dos años, la ANSES modificó lo que habían sido los Créditos Argenta. Por un lado, amplió el alcance a los sectores de menores ingresos y por otro, elevó las tasas de interés. Con este movimiento, cambió por completo el sentido de la política que había nacido como un incentivo al turismo y al acceso a bienes durables para la tercera edad con tasas cercanas a cero. 

A partir de 2017 el gobierno incorporó como beneficiarixs a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo, Pensiones No Contributivas, Pensiones por Madre de más de siete hijos, Pensión Universal para Adultos Mayores o la Pensión no Contributiva por Vejez. Se trata de la población con menores ingresos.  

Si bien la extensión de los créditos puede ser una medida positiva y democratizadora dado que se trata de personas que en general no acceden a créditos a tasa de mercado, sino que suelen endeudarse con prestadoras que cobran tasas muy por encima de las vigentes en los bancos comerciales, es muy cuestionable que la Administración Pública les cobre intereses a quienes, dado el contexto económico actual, se ven obligados a endeudarse para cubrir gastos básicos.  

En promedio, el poder adquisitivo de las jubilaciones será en 2019 un 20% menor al de 2015. En el caso de las Pensiones No Contributivas, la pérdida alcanza un 21,3%. En el caso de la Asignación Universal Por Hijo, la caída llega casi al 10% respecto de 2015. La erosión de los ingresos que ha sufrido este sector en los últimos años requiere de intervenciones urgentes dirigidas a la recomposición de su poder adquisitivo para el acceso a los bienes y servicios básicos. En cambio, el gobierno les propuso reemplazar ingresos por deuda.

Según una encuesta realizada por la propia ANSES en base a los pedidos telefónicos que se hicieron, el 47% dice utilizar los préstamos para la construcción y refacción del hogar y un 22% para la compra de alimento o de indumentaria y calzado. El 17% lo usó para pagar deudas, el 7% para atención médica y gastos de salud y sólo el 2% para iniciar algún emprendimiento, el mismo porcentaje que quienes los adquirieron para comprar productos del hogar. Sin embargo, estos datos no sólo están desactualizados, sino que no se conoce su nivel de representatividad, es decir, a qué beneficiarios y líneas de créditos corresponde cada respuesta. Otras encuestas arrojan resultados mucho más complejos en los que predomina el endeudamiento para cubrir viejas deudas, medicamentos y alimentos. 

Sólo en 2017 se otorgaron 3,3 millones de créditos. De ese total, el 72% fueron créditos asignados a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Según datos informados por el Poder Ejecutivo, luego del relanzamiento de los créditos en el mes de abril el corriente año, en sólo una semana se solicitaron más de 700.000 créditos de los cuales medio millón fueron solicitados por beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Por otro lado, tanto los montos como las tasas y la cantidad de cuotas responden a criterios comerciales, castigando más aquellos que más lo necesitan. Se cobran tasas de interés que van entre el 40% y el 54%, siendo las tasas más altas para quienes tienen ingresos más bajos. Es decir, se trata de un esquema regresivo que penaliza a quienes más lo necesitan. 

La alta inflación, la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de las tarifas de servicios, la caída del salario y la recesión económica han impactado más fuertemente en los sectores vulnerables. Son quienes más sufren la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos y quienes deben recurrir al endeudamiento para comprar alimentos, medicamentos, para pagar servicios y para refinanciar deudas anteriores. Son estos sectores quienes solicitan masivamente créditos para afrontar gastos que deberían estar garantizados por sus ingresos corrientes.

Al día de la fecha, más del 80% de los beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo están endeudados con ANSES. A junio de 2018, de los 2.201.736 titulares, el 97% son mujeres. Es decir, el incremento del endeudamiento de este segmento afecta casi exclusivamente a las mujeres. A modo de ejemplo, una beneficiaria de Asignación Universal por Hijo que haya adquirido un préstamo por $12.000 (monto máximo habilitado), debe pagar hoy cuotas de $789,56. Si se eliminaran los intereses, las cuotas descenderían a $500 (un ahorro total de $1734 al año).

Si los créditos, tal como surge de los informes de gestión enviados al Congreso de la Nación por el Jefe de Gabinete de Ministros, constituyen una política de ingresos para los sectores más perjudicados por la crisis, entonces el cobro de intereses, que incluso supera la tasa de inflación esperada, no sólo resta efectividad a la política, sino que también podría significar un problema a futuro. El endeudamiento creciente de los sectores populares para cubrir necesidades básicas es otro de los síntomas de la crisis que atravesamos.

Hemos presentado un proyecto en el Senado de la Nación que propone declaración de la Emergencia crediticia. El mismo propone la suspensión del cobro de intereses a los deudores con ingresos más bajos: beneficiarixs de Asignación Universal por Hijo, Pensiones No Contributivas, Pensiones por Madre de más de siete hijos, Pensión Universal para Adultos Mayores o la Pensión no Contributiva por Vejez y jubiladxs que cobren menos de dos jubilaciones mínimas.

Consideramos que es un proyecto urgente, que requiere el acompañamiento de todxs aquellxs legisladores comprometidos con el bienestar de la población.