Las condiciones de sobrepoblación carcelaria y el avance del coronavirus generaron esta semana una ola motines y violencia en varios penales del país, con 5 muertos en la provincia de Santa Fe: 4 en Las Flores, en la capital provincial, y 1 en Coronda.
También en la provincia de Buenos Aires, con conflictos en Florencio Varela, Batán, Sierra Chica, Olmos, La Plata, además de Tucumán y Bariloche.
Las condiciones inhumanas de detención, el hacinamiento, los déficits de atención a la salud y la falta de alimento en cárceles, comisarías y alcaidías deja a las personas detenidas en una situación de especial riesgo frente al contagio de enfermedades virales.
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El contexto de encierro y la propagación del virus podría ser un combo mortal para los presos. Muchos de ellos, además, tienen un estado de salud débil, desde tuberculosis hasta VIH, enfermedades respiratorias y renales. En una situación de alerta sanitaria que sacude al mundo entero, el riesgo es mayor para ellos y lo saben.
Si bien por el momento no hay casos confirmados de coronavirus en las cárceles del país, la situación sanitaria es crítica y podrían ser un foco de contagio difícil de contener internamente.
Hay otro factor clave: la suspensión de las visitas. Son las familias, en general, las que proveen alimentos, elementos de higiene y ropa. En la mayoría de los penales, los propios reclusos decidieron suspenderlas o limitarlas para protegerse, pero al mismo tiempo necesitan esa asistencia porque el Estado, históricamente, no cubre la totalidad de las necesidades de alimentación y salud.
"Si el virus llega a entrar en las cárceles va a ser muy difícil de controlar"
También demandan que se aceleren las excarcelaciones y prisiones domiciliarias, como ocurrió en países como Estados Unidos, España e Italia, entre otros países fuertemente afectados por el coronavirus.
En diálogo con El Destape, Gustavo Palmieri, integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), asegura que “las personas privadas de su libertad están aumentando su situación de riesgo. Hay una situación de hacinamiento que va a impedir cualquier mecanismo de tratamiento serio si llega a haber contagio interno, y es una situación que probablemente pase”.
Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advierte en que “si el virus llega a entrar en las cárceles va a ser muy difícil de controlar. El Estado debe actuar en la prevención y volcar recursos para evitar que eso pase, y también pensar qué van a hacer con las comisarías”.
Por su parte, Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), también calcula que “las condiciones de distanciamiento que se plantean son imposibles, están hacinados”, y además recuerda que “el Gobierno debería mirar con prioridad a la población carcelaria porque además está bajo custodia y exclusivo cuidado del Estado”.
En la Argentina, sólo entre el Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense, hay cerca de 70 mil detenidos.
Los tres especialistas consultados por El Destape plantean que una de las principales acciones preventivas consiste en reducir los niveles de concentración de personas.
“Una respuesta fundamental es sacar a los grupos de riesgo de los penales. Eso no lo están haciendo, apenas está avanzando un poco en Mendoza”, dice Palmieri, y apunta al Poder Judicial ya que “no está adecuando su accionar a la situación de emergencia que se está viviendo”. Asegura que “hay que evitar que estén presos personas con delitos menores, condenas leves, que les falta menos de un año para salir, mujeres embarazadas”.
En la misma línea, Manuel Tufró considera que “una parte de la población carcelaria debería ser retirada de los penales, sobretodo las personas que están en los grupos más vulnerables, como mayores de 60 años o con enfermedades respiratorias”.
En la provincia de Buenos Aires ya hay una lista de quiénes son, están identificados los casos más sensibles. Pero ese mecanismo de liberación o traslado por el tiempo que dure la emergencia debe acelerarlo el Poder Judicial bonaerense que entró en una suerte de feria hasta el 31 de marzo, en principio, y sólo brinda una prestación mínima del servicio de justicia.
Raggio destaca que en la provincia de Buenos Aires hay un mesa de diálogo institucional, conformada en diciembre de 2019, en la que se discute, entre otros temas, cómo bajar los niveles de sobrepoblación. “No te queda otra que pensar en prisiones domiciliarias y morigeraciones de penas, como le indicó la Suprema Corte a los jueces para que revisaran los casos para las condiciones más graves de salud”.
Hay estudios, citados por el CELS, que indican que en una prisión con un nivel de ocupación del 70 por ciento, ya resulta imposible realizar las medidas de distanciamiento social que se recomiendan, mientras en la Argentina hay penales con una ocupación del 115 al 210 por ciento.
Los niveles de sobrepoblación son altamente peligrosos y conflictivos, sobretodo en la provincia de Buenos Aires, que tiene más del doble de la cantidad de personas alojadas de lo que soporta el sistema. “Y tiene otro problema que hasta ahora no explotó como es el de las comisarías, que puede llegar a ser incluso más grave que las unidades penales por el tipo de circulación. Hay casi 4 mil detenidos en las comisarías bonaerenses”, advierte el director de Justicia del CELS.
Otro reclamo de los detenidos es que los agentes del Servicio Penitenciario trabajan sin elementos de protección y medidas de distanciamiento. Ya sin visitas, son los únicos que podrían ingresar y transmitir el virus dentro de las cárceles.
Las condiciones de higiene están lejos de ser las recomendables para evitar el contagio. “Pese a que el Gobierno dijo que había comprado insumos básicos de higiene, la información que tenemos es que no estaría llegando y ni siquiera tienen jabón, muchas veces ni agua potable”, dice la directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, que pidió -en un comunicado difundido el 12 de marzo- extremar las medidas de prevención contra las enfermedades virales en los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires.
“Hay que tomar medidas urgentes para que la población detenida entienda que también se están ocupando de ellos. Si vemos lo que ha sucedida en otros países, con motines gravísimos, nos tendría que alertar”, dice Manuel Tufró, del CELS.
Con la mirada puesta en las muertes de esta semana en dos penales de Santa Fe, Gustavo Palmieri advierte que “hay que evitar el efecto contagio. Hay reacciones por la vulneración que existe en cada uno de los penales. Hay respuestas que son muy buenas y efectivas pero que implican adoptar una responsabilidad política para priorizar la salud”, dice el integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
El Comité cuenta entre sus funciones principales el monitoreo de los lugares de detención y la elaboración de recomendaciones a autoridades tanto nacionales y locales para garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La pandemia del coronavirus en las cárceles en el mundo
En medio de la crisis sanitaria mundial, presos de distintas partes del mundo se amotinan por temor al coronavirus. Un breve repaso mundial de los casos más resonantes.
En Colombia, hubo motines en al menos diez cárceles el sábado 21. El gobierno colombiano informó 23 presos murieron y otros 83 resultaron heridos en la cárcel Modelo de Bogotá. En Brasil, unos 1.400 presos se fugaron de tres centros penitenciarios de San Pablo el lunes. En Venezuela, más de 80 presos escaparon de un penal el miércoles 18 de marzo y seis fueron abatidos, según informó el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, en conferencia de prensa.
El gobierno italiano aprobó salidas anticipadas a los que les quedan menos de 18 meses para concluir su condena, un beneficio que alcanzó a alrededor de 6.000 personas. En Estados Unidos, el estado de Florida anunció la liberación de 164 presos acusados de delitos no violentos y Los Ángeles dejó en libertad a 678.
En Irán, el ayatolá Ali Jamenei anunció el 18 de marzo que perdonará a 10.000 prisioneros, incluidos los políticos, días después de que fueran liberados temporalmente unos 85.000 presos.
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