Tras obligar a parir a una niña de 12 años que exigió su derecho al aborto legal por haber sido violada y difundir ilegalmente datos de su vida privada, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, admitió de quién era la "familia importante" que quería adoptar al feto nacido por cesárea que falleció horas más tarde: se trataba del fiscal Carlos Stornelli.
Al ser consultado en Radio Metro por qué en su momento sostuvo que "una familia importante" se había propuesto adoptar al feto, ignorando el curso legal que debe seguir un proceso de adopción por medio de un registro, Morales contestó: "No es una familia importante de Jujuy, en verdad fue el fiscal Stornelli".
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La explicación para esta escandalosa revelación fue la siguiente: "Hacía referencia a que es una familia consolidada. Había mil inscriptos, pero hice sólo una referencia diciendo 'bueno, hay mucha gente interesada'. Ese fue el sentido. No 'importante' en el sentido de que tenga plata, como algunos creían".
"Lo dije en el sentido de que había muchas familias interesadas, de modo tal que, en cumplimiento de la ley, se iba a producir la adopción si ocurría o si terminaba de la mejor manera", se justificó el gobernador.
Respecto a esto, explicó que Stornelli "expresó su voluntad" para adoptar a la beba prematura, al igual que otras familias. Sin embargo, semanas atrás Morales afirmó en declaraciones a Radio Mitre que tenía "el pedido de una persona, de una familia muy importante para adoptarla", con lo cual se estaba refiriendo expresamente al fiscal y no al resto de solicitantes.
De acuerdo a la ley de adopción, sólo pueden adoptar niños, niñas y adolescentes aquellas personas que están inscriptas en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. El Código Civil y Comercial, incluso, prohíbe de forma explícita la entrega directa de menores de edad a otras personas.
Además, aseguró que "hubo que aplicar el Código Penal, el fallo FAL, y resolver la situación cuidando primero la salud de la niña, que corría riesgo de vida". La realidad es que no se cumplió con dicho fallo de la Corte Suprema ya que, en lugar de garantizar un aborto para un embarazo riesgoso producto de una violación, se obligó a la niña a parir, con el objetivo de obtener un bebé con vida. Así lo admitió tanto Morales como el ministro de Salud provincial, Gustavo Bouhid.
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