En el medio de una crisis cambiaria y el comienzo de una recesión económica con altos niveles de inflación, el Gobierno no pierde un minuto en implementar su agenda de concentración de la riqueza.
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Esta semana, el gobierno de Macri anunció la eliminación del Monotributo Social Agropecuario (MSA) a partir del 1º de enero de 2019, una política que buscaba proteger a campesinos y agricultores familiares garantizándoles aportes jubilatorios y acceso a una obra social.
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El campo argentino es una amalgama de múltiples realidades, como toda nuestra economía. Es decir, existen sectores que responden a grupos muy concentrados, muy productivos y competitivos, pero a su vez existen miles de campesinos y agricultores familiares que viven en situación de vulnerabilidad y necesitan de un Estado que los proteja. Y agregamos: el rol del estado en proteger a estos actores es fundamental en dos aspectos: por un lado, para cuidar la diversidad y la sustentabilidad de nuestra tierras; por el otro, para garantizar la soberanía alimentaria, ya que producen el 80% de los alimentos.
Esta idea de inclusión social y visibilización se materializó en el año 2009, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se diseñó e implementó el Monotributo Social Agropecuario (MSA).
Gracias al mismo, más de 113.000 agricultores familiares y campesinos, muchos de ellos inmigrantes e hijos de inmigrantes -algunos europeos y muchos latinoamericanos- pudieron acceder al derecho de tener cobertura médica y una jubilación.
Estos productores y productoras, habían sido históricamente olvidados y excluidos. La no presencia del Estado los dejaba vulnerables a la dominación de los intermediarios que usufructuaban su informalidad contable. De hecho, quienes producen los alimentos a lo largo y ancho de nuestro país, no podía siquiera ser proveedores del Estado, quien debía comprarle directamente a Nestlé o Pepsico, aunque en Mendoza se produjeran los más nutritivos mix de frutas secas, en el Alto Valle de Río Negro las más deliciosas manzanas y peras, y en la Mesopotamia las más jugosas naranjas.
Es decir, la creación del Monotributo Social Agropecuario no solo otorgó derechos básicos a una población excluida, sino que también le permitió al productor entregar a toda la población un alimento sano y comercializarlo en nuestro país, protegiendo nuestra salud y ganando independencia económica.
Santiago Hardie, actual secretario nacional de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, dijo abiertamente que el MSA “es una figura que no me termina de convencer”, ya que considera que muchos agricultores y campesinos" tienen un monotributo porque alguien fue se lo hizo llenar y ni lo usa; ni se acuerdan que lo tienen, y el Estado pone un montón de guita ahí" (nota en La Nación). Estas fueron las declaraciones antes de darle el fin al Monotributo Social Agropecuario, considerándolo un gasto innecesario, mostrando un gran desprecio por las miles de familias que consiguieron dar valor a su producción y mermar la presión de los grandes grupos concentrados, gracias al monotributo.
A partir del 1 de enero de 2019 el Monotributo Social Agropecuario habrá muerto, devolviéndoles a los campesinos y agricultores familiares suposición histórica: la de la exclusión, la vulnerabilidad y la subordinación a grupos económicos concentrados, mucho de los cuales se encuentran articulados a las cadenas globales de valor, produciendo alimentos para horizontes lejanos y no para quienes habitamos este suelo argentino y latinoamericano.
“Ser o no ser, esa es la cuestión… Morir es dormir... y tal vez soñar”, escribía William Shakespeare en Hamlet, alrededor de 1600, y hoy la Argentina neoliberal nuevamente, le niega la existencia a parte de su pueblo.
Delfina Rossi, economista y referente de Buenos Aires 3D
MatíasStrasorier, médicoveterinario y referente de la CANPO
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