La misma semana que el juez Claudio Bonadio llamó a indagatoria a Franco y Gianfranco Macri y a los pocos días de que procesara a Paolo Rocca en el marco de la causa de la Fotocopia de los Cuadernos, por segunda vez en menos de 2 meses desembarcó en el país una misión del Gobierno de Estados Unidos con funcionarios del Departamento del Tesoro y de la Comisión de Valores (SEC, sus siglas en inglés).
La excusa para su llegada fue una capacitación sobre lucha contra el lavado de dinero en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Pero las casualidades no existen, la simultaneidad de los hechos es más que un indicio y los antecedentes hablan por sí mismos. La misión anterior, que vino a principios de noviembre, dedicó buena parte de su paso por Buenos Aires a inmiscuirse en los detalles de la causa que ejecutan el juez Bonadio y el fiscal Carlos Storsionelli. Puntualmente, se reunieron con los fiscales que investigan a Techint y otras empresas que cotizan en Wall Street como Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), Corporación América (de Eduardo Eurnekián) y el Banco Macri (de Jorge Brito).
Las hipótesis sobre la geopolítica que está detrás de esta causa apuntan a algo claro: el rol de Estados Unidos y su interés por trasnacionalizar la obra pública en beneficio de las empresas yankis. El reciente G-20 y la ponderación de Mauricio Macri por su relación con China pese a que se financia gracias a Estados Unidos repercuten en lo que suceda en Tribunales. Las señales llegan con la firma de Bonadio pero, todo indica, sponsoreadas desde el norte.
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De soplones y delatores
El Destape accedió al programa de actividades que desarrolló esta nueva misión estadounidense desde el 10 al 14 de diciembre en la CNV. Los enviados fueron Scott Birdwell y Julie Preuitt de la SEC, pero el gestor del encuentro es Daniel Zambrano, del Departamento del Tesoro estadounidense, que ya es visitante frecuente del país. El temario es por demás sugestivo. Una de las palabras que se repite es “Whistleblower”, figura del soplón, delator o colaborador, que tanto promueven los funcionarios estadounidenses. En la misión de noviembre, los enviados fueron Carlos Costa Rodrigues de la SEC y Andrew Gentin del Departamento de Justicia. Estos funcionarios del Gobierno de Donald Trump insistieron a los asistentes a esa capacitación sobre esa figura, y les aseguraron que para colaborar con Estados Unidos no era necesario hacerlo vía cancillería sino que podían escribirles directamente a sus casillas de mail personales.
No es la primera vez que Zambrano se junta con miembros del Gobierno. El 27 de abril de 2016, según el registro público de audiencias, pidió 2 reuniones importantes que se concretaron poco después. El 4 de mayo se juntó con el ministro de Justicia Germán Garavano. Allí concurrió con Erin Schenck y Maria Angelique Roberts, ambos del Departamento del Tesoro, y con Peter Newman, primer secretario de la Embajada de Estados Unidos. El motivo fue conversar sobre crimen económico y anticorrupción. En la síntesis del registro de audiencias, consignaron que “Se plantearon temas importantes a tener en consideración”.
El 3 de julio Zambrano se reunió con Laura “técnicamente no es delito” Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, y con Mariano Federici, al mando de la Unidad de Información Financiera (UIF), ambos organismos que dependen del Poder Ejecutivo y se alinearon en la persecución a ex funcionarios así como en la protección de los actuales. De la reunión también participaron María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la UIF, Silvina Rivarola (representante ante organismos internacionales), Newman de la Embajada norteamericana y Schenck del Departamento del Tesoro. Como motivo y síntesis consignaron una visita institucional.
Estas visitas al país se maquillan de capacitaciones pero tienen como objetivo el seguimiento de las causas judiciales que interesan al Gobierno estadounidense.
Miren al norte
“Mi intención es seguir trabajando con los abogados y jueces de la Argentina en la mejora del sistema judicial y fortalecer la confianza que la gente tiene en el sistema judicial”. La frase pertenece a Edward Prado, actual embajador de Estados Unidos en Argentina, y la pronunció ante el Senado de su país.
La frase no fue casual y no fueron palabras en vano. La Embajada de Estados Unidos ejerce una influencia cada vez mayor en los tribunales argentinos, en especial en Comodoro Py. Y las palabras del embajador Prado reproducen la lógica de los documentos que delinean la política exterior estadounidense.
En la web de la Casa Blanca se puede leer la Estrategia de Seguridad Nacional (National Security Strategy) de Estados Unidos. En el capítulo sobre el hemisferio occidental hay varias definiciones que, leídas post G-20 y a la luz de la causa de la Fotocopia de los Cuadernos apuntalan la hipótesis de la injerencia estadounidense. Estados Unidos plantea que “China busca llevar la región a su órbita a través de inversiones y préstamos dirigidos por el Estado”.
La línea del embajador Prado está en ese documento, que plantea como objetivo "fortalecer el estado de derecho y emprender la reforma judicial” y luchar contra la corrupción en los países latinoamericanos.
Hay otro documento que complementa la Estrategia de Seguridad Nacional y es el Plan Estratégico 2018-2022 de la USAID, la agencia estadounidense que bajo el manto del apoyo al desarrollo realiza tareas de inteligencia e intervención directa en numerosos países. En sus objetivos son aún más concretos y revelan su interés por despejar el camino a las empresas norteamericanas.
“Nos enfrentaremos a la corrupción en el extranjero, lo que socava la seguridad, permite las TCO (Organizaciones Criminales Trasnacionales) y genera desventajas para las empresas estadounidenses”, afirma el documento. “La corrupción subvierte los mercados abiertos e impide la capacidad de las compañías estadounidenses para competir”, insiste. Y advierte: “Estados Unidos ha desempeñado durante mucho tiempo un papel de liderazgo internacional que promueve la adopción de las mejores prácticas internacionales para perpetuar el sistema económico basado en reglas sobre el que se basa nuestra prosperidad, y para ayudar a garantizar un espacio libre y justo donde las empresas estadounidenses puedan competir”
Los documentos son claros. El discurso de la corrupción no tiene un objetivo ético sino el ingreso de las compañías norteamericanas a negocios que tienen vedados por la complicidad de empresarios y funcionarios que participan del esquema de coimas a cambio de obra pública. En lugar de competir, la estrategia es despejarles el camino bajo el manto de la lucha contra la corrupción.
El actual embajador Prado se complementa con su antecesor, Noah Mamet, que tras terminar su mandato vino a vivir a la Argentina. ¿Se enamoró del país, como asegura Macri que les sucede a los presidentes que vinieron al G-20? Más parece que vio una oportunidad de negocios, ya que se instaló con una alianza entre buffetes de abogados con el objetivo de tejer negocios para empresas de Estados Unidos. Trajo con él a DLA Piper, un estudio global, que concretó una alianza con Cabanellas, Echebarne, Kelly & Dell’Oro Maini, uno de los estudios más importantes de la city porteña.
Los embajadores conforman así un juego de pinzas. El actual, con su injerencia en la causa que involucra a las principales empresas argentinas. El anterior, en el armado de los negocios para las empresas estadounidenses.
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