“Yo querría que avanzáramos con políticas de prevención, en cosas que el Estado argentino nunca hizo”, sostuvo la vicepresidenta, Gabriela Michetti, en una entrevista con La Nación sobre el proyecto de legalización del aborto.
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Además de manifestar su oposición a que las mujeres embarazadas en casos de violación accedan a ese derecho, Michetti demostró su ignorancia no sólo sobre los casos de aborto no punible establecidos en el Código Penal de 1921, sino también sobre la de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en 2006.
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Esta ley garantiza una formación sexual con herramientas e información desde jardín de infantes hasta el último de la secundaria no sólo sobre reproducción, enfermedades de transmisión sexual y anticoncepción, sino también de relaciones afectivas, consentimiento, identidad y orientación sexual e igualdad de género. Esto debería hacerse de manera transversal en todas las áreas de estudio, de acuerdo a la edad de los alumnos.
El enfoque está en la palabra “debería”. Según un informe que realizó el Ministerio de Educación a pedido de la Fundación Huésped, desde el inicio de la gestión del presidente, Mauricio Macri, el programa de ESI ha sufrido una fuerte baja en el presupuesto para producción y distribución de materiales y capacitaciones docentes.
De acuerdo a esto, mientras que en el último año de gestión de la presidenta Cristina Kirchner el presupuesto para la ESI fue de casi 98 millones de pesos (el número más alto en los 9 años de vigencia del programa), en 2016 se invirtieron menos de 34 millones 500 mil pesos, un 65% menos que el año anterior. Si bien en 2017 el presupuesto aumentó un 25% con poco más de 43 millones, está muy lejos de la inversión que se hizo en 2014 y 2015.
“El cambio de gestión deterioró el programa de ESI, sobre todo durante la gestión de Esteban Bullrich como ministro de Educación”, sostuvo a El Destape Leandro Cahn, el titular de la Fundación Huésped. “Es fundamental reforzar las acciones de prevención, pero no es aborto ‘o’ educación sexual, ‘o’ distribución de métodos anticonceptivos”, sino que es todo ese “combo”, remarcó.
En ese sentido, subrayó que “la entrevista de Gabriela Michetti, además de una falta total de empatía, demuestra una ignorancia total de cómo debería funcionar una respuesta estatal a la problemática de los embarazos no intencionales”, y destacó que si bien existen las leyes de ESI y de Salud Sexual y Procreación Responsable, sancionada en 2002, no se cumplen.
“Legislativamente estamos cubiertos, pero el sistema educativo y de salud generan inequidades que tienen que resolverse entre las provincias y el Estado Nacional. No puede ser que una persona por haber nacido en una provincia tenga diferente derecho al acceso que otras”, planteó Cahn.
Sobre los resultados en el Senado, sostuvo: “Tenemos muy buenas expectativas porque creemos que todas las razones legales, de salud pública, epidemiológicas, estadísticas, de derechos, están de nuestro lado. Cuando quienes se oponen a la ley empiezan a decir lo que les pasa con el tema del aborto, les pasa lo que le pasa a Michetti cuando da la entrevista con La Nación”.
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