En la causa en la que se investiga los fondos del dinero robado de la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti, el juez federal Ariel Lijo requirió a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Banco Central información sobre la fundación que preside la funcionaria, datos que podrían complicar aun más su situación procesal.
En un informe, El Destape reveló la trama detrás de la la fundación SUMA, donde además están involucrados otros funcionarios del Gobierno de Cambiemos.
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El magistrado pidió "con carácter de urgente" que la UIF comunique si se han reportado operaciones sospechosas o se ha iniciado alguna investigación relativa a operaciones de lavado de dineroen relación a la actividad financiera de la fundación SUMA.
Asimismo, solicitó al Banco Central información sobre cuentas, plazos fijos y productos bancarios de la organización. El magistrado ordenó un procedimiento en la fundación ya que quiso llevarse los libros contables, pero no estaban. La organización se comprometió a llevarlos en persona al juzgado.
En cuanto al pedido a la UIF, el juez en una resolución dijo que en caso afirmativo se "deberá remitir la documentación correspondiente. Además, deberá informar si ha recibido reportes por parte de las UIF de otro país en relación a la persona jurídica mencionada"
El juzgado quiere conocer la totalidad de las transferencias recibidas o realizadas, detallando las fechas correspondientes, monto, moneda, información filiatoria del ordenante, datos de la cuenta ordenante y datos de la cuenta del beneficiario.
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