La vicepresidenta Gabriela Michetti está imputada por el polémico memorando con Qatar junto al presidente Mauricio Macri, el tenista Gastón Gaudio y otras 12 personas, entre funcionarios argentinos y cataríes y un empresario financiero. Sin embargo, desde un primer momento dijo no tener relación con el contrato firmado por la ANSES para traer inversiones, pero ahora lo menciona como mérito de gestión en su primer reporte anual de Vicepresidencia.
En la última semana previa a la feria de verano, la fiscal María Paloma Ochoa avanzó con la investigación por el tratado entre Argentina y Qatar e imputar a los 15 denunciados. Además, requirió la inmediata suspensión de lo firmado por el emirato asiático y el entonces subdirector ejecutivo de operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Luis María Blaquier.
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Desde la rúbrica, Michetti aclaró que no tuvo participación, sino que fue gestionado en su totalidad por la ANSES de Emilio Basavilbaso. Esto se lo comentó a los periodistas enviados a Doha en la masiva misión oficial.
Sin embargo, en su primer informe de gestión de Vicepresidencia, la licenciada en relaciones internacionales agregó en la sección "Búsqueda de inversiones" los diálogos con el país arábigo. La única "empresa" que menciona traerá verdes a la Argentina resulta ser la Autoridad de Inversión de Catar (QIA, por el inglés). Este organismo fue el firmante catarí del memorando, del que Michetti había negado participación.
Por lo tanto, la presidenta del Senado puede haberse ahora adjudicado un mérito que no le corresponde, o bien realmente tuvo algún vínculo con el documento.
En el reporte oficial, la vicepresidencia aclara que en la misión viajaron el Subsecretario de Comercio Exterior, Shunko Rojas, la directora de Cooperación y Negociaciones Bilaterales del Ministerio de Agroindustria, Gabriela Catalani, el subsecretario de Promoción Comercial y Desarrollo de Inversiones de Cancillería, Rubén Caro, el vicepresidente de la Agencia de Promoción de Inversiones, Pablo Tarantini, el vicepresidente Ejecutivo de la Agencia de Promoción de Inversiones, Juan Pablo Trípodi, el asesor presidencial en materia de inversiones, Pablo Quirno, y el gerente de Nuevos Negocios de INVAP, Tulio Calderón.
Aclara también el informe que, durante el viaje a Doha, participó en el Foro de Negocios argentino-catarí junto al ministro de Economía árabe, Ahmed Bin Jassim Al Thani, con quien firmó un tratado bilateral de promoción y protección de inversiones entre ambos países.
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El Destape consiguió acceso a las conversaciones previas. Algunos funcionarios argentinos desviaron después información confidencial al ex tenista Gastón Gaudio, quien trabajó como nexo de oficio y, a su vez, le acercó los datos a su amigo financista Diego Nicolás Rosendi. Ninguno de los dos pertenece al Estado, por lo que no deberían acceder a informes secretos que puedan beneficiarlos lucrativamente.
Pocos días después de que este medio revelara el contenido completo del memorando con Qatar, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático denunció penalmente a todos los involucrados. El acuerdo viola la ley argentina y la normativa del FGS, puesto que prevé la creación de una sociedad offshore a la que se le desvíen fondos de la ANSES.
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En la última semana de diciembre, la funcionaria del Ministerio Público imputó a Macri, Michetti, Basavilbaso, Blaquier, Susana Malcorra (canciller), Horacio Reyser (en su momento, asesor a la Presidencia de Inversiones Extranjeras), Mario Quintana (coordinador económico de Jefatura de Gabinete), Carlos Fordari (ex vice canciller), José Ortíz Amaya (director general de Relaciones Internacionales del Senado), Rossana Cecilia Surballe (embajadora argentina en Doha), Miguel Ángel Gutiérrez (presidente de YPF).
También fueron imputados Gaudio y Rosendi, a la par del emir de Qatar, Tamin Bin Hamad Al Thani, y el director ejecutivo de la QIA, Abdullah Bin Mohammed Bin Saud al Thani. En total, 15 personas quedan bajo la lupa judicial.
Por sorteo, la causa cayó en el Juzgado 3, de Daniel Rafecas, quien el año pasado tenía asignada la labor junto a la Fiscalía 10, de Ochoa. La investigación se retomará en febrero, cuando finalice la feria judicial.
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