Con una caravana que ya se denomina “la marcha más grande de la historia de Mendoza”, manifestantes se movilizan hacia la Casa de Gobierno para intentar que se vete la ley 7722, que habilita la minería metalífera (o extracción de metales) con el uso de cianuro y otras sustancias. Se calcula que decenas de miles de personas llegarán a la sede del Ejecutivo en defensa del agua.
El último viernes, las dos cámaras parlamentarias de la Legislatura mendocina aprobaron la modificación propuesta por la gestión del gobernador radical Rodolfo Suarez –y con apoyo de gran parte del peronismo -a la ley 7722, conocida como la “ley del agua”. La norma, que data de 2007, prohibía la utilización de ciertos elementos en la actividad minera.
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Con un veloz debate en comisiones (comenzó el lunes pasado, pero en 2018 hubo audiencias en el Senado), la Legislatura programó el tratamiento para una misma jornada, con el objetivo de evitar la protesta social. Lo cierto es que el actual jefe del Ejecutivo había anticipado en campaña que buscaría modificar la ley, mientras que su principal competidora, la senadora Anabel Fernández Sagasti, proponía “ampliar la matriz productiva dentro de la institucionalidad de la 7722”.
Este domingo, sectores productivos del Valle de Uco, General Alvear (en el sureste), el este provincial y otros puntos del territorio; más organizaciones ambientalistas, de izquierda, colectivos feministas y autoconvocados comenzaron una manifestación que partió a las ocho de la mañana de Eugenio Bustos (San Carlos, a 100km de Capital), con un importante número de personas que se movilizó a pie.
Con postas en diferentes localidades (Tunuyán, Zapata, Ugarteche y Luján de Cuyo); a las cinco de la mañana llegó a Maipú y, desde las 7 de este lunes, la concentración se organizó en el Nudo Vial, punto de ingreso a la Ciudad de Mendoza.
Así, la protesta se instalará enfrente de Casa de Gobierno con el objetivo de que el Gobernador no promulgue la reforma o, si avanza, decida vetarla.
En la previa, el presidente del Partido Justicialista local, Guillermo Carmona, pidió en redes sociales que la nueva ley 7722 no entrara en vigencia a pesar de que él había participado de las negociaciones con el oficialismo y, la semana pasada, encabezó una conferencia de prensa en la que el PJ contó cuáles eran sus propuestas para aportar al proyecto oficialista. Asimismo, dirigentes nacionales como Fernando “Pino” Solanas, Leonardo Grosso e Itaí Hagman se pronunciaron al respecto.
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