Mientras la Justicia Federal mantiene suspendida la causa penal por el escandaloso memorando con Qatar, diputados de dos bloques opositores promueven que una bicameral del Congreso investigue la actuación de los funcionarios públicos que lo negociaron. La iniciativa surgió en conjunto desde el Frente Renovador y el Frente Para la Victoria.
Horacio Alonso (FR) y Guillermo Carmona (FPV) realizaron una presentación el 28 de abril ante la Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social (Ley 26425) con el pedido de que comience una averiguación, pudo saber El Destape. En su nota, explican que el memorando “prueba la transgresión por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo que han tomado intervención”.
La bicameral fue creada en 2008 con el fin exclusivo de supervisar al FGS, y desde el año pasado está presidido por el senador del PRO Néstor Braillard Poccard. A él Alonso y Carmona le expresaron su “grave preocupación, dado que estamos ante hechos que implican una inadmisible cesión de soberanía por parte del Gobierno argentino y el destino de los fondos de los jubilados argentinos a maniobras ilegales de naturaleza financiera”. Junto a la carta, enviaron un completísimo informe de 130 páginas para los legisladores, que incluye notas de este periodista y extractos de su disertación en la comisión de asuntos previsionales, cuando fue invitado a exponer la investigación a la Cámara de Diputados.
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El FGS se había comprometido con Qatar el año pasado a remitir U$S 300 millones a una offshore, pese a que todas sus normativas internas (además de la ley) se lo prohíben. Por Argentina había firmado Luis María Blaquier, subdirector ejecutivo de operaciones del Fondo, que depende de la ANSES. El funcionario renunció a su cargo poco después de que el acuerdo fuera revelado por El Destape y Perfil y luego imputado por la Justicia.
El Juzgado de Daniel Rafecas desestimó la causa penal por el memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), dado que la fiscal María Paloma Ochoa suspendió su aplicación y, por lo tanto, nunca llegó a ejecutarse. Este fallo fue apelado por la integrante del Ministerio Público Fiscal con el argumento de que, a sabiendas, Blaquier y el resto de la comitiva negoció un contrato ilegal.
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El recurso de Ochoa debe ser tramitado ahora por el fiscal general Germán Moldes, quien recientemente desistió en impulsar la apelación contra el jefe de los espías, Gustavo Arribas, contra quien luego confesó un arrepentido brasileño de pagarle coimas por U$S 850.000.
Por el tratado catarí, hasta la Oficina Anticorrupción mantiene una investigación abierta. El organismo que responde a Laura Alonso le respondió a este periodista, a través de un pedido de acceso a la información pública que está detrás de posibles violaciones a la Ley de Ética de parte de Horacio Reyser Travers y Juan Procaccini. El primero fue en ese entonces asesor presidencial para inversiones extranjeras y ahora ascendido a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, mientras que el segundo preside la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.
Dentro de la ANSES de Emilio Basavilbaso se dejó de convocar al Consejo del FGS, que debe opinar e influir sobre las inversiones de los más de U$S 56.000 millones de los jubilados que el organismo administra. Pese a que los encuentros son bimestrales, no se reúnen desde octubre, cuando Blaquier había adelantado la firma del MOU.
La CTA Autónoma había mostrado en ese momento su “preocupación” por el memorando, que no fue tenida en cuenta, ya que se prosiguió con la rúbrica. El nuevo representante de la central obrera ante el FGS, Rubén Garrido, le consultó a Basavilbaso hace más de un mes por los encuentros que debieron realizarse, pero aún no recibió una contestación. Misma suerte corrió este medio cuando le preguntó de forma oficial a los responsables del ente previsional.
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