Melconian y la estatización de una millonaria deuda en dólares que favoreció a los Macri

En 1986, el hoy asesor económico del PRO, Carlos Melconian, ocupaba el cargo de Jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central. Allí, firmó y envió al directorio de la entidad el informe 480/161, donde se pedía anular la investigación de la deuda privada contraída en el exterior a principios de los ochenta.

Sin embargo, esa deuda contaba con observaciones por "créditos fraudulentos y de dudosa legalidad", realizadas por un equipo de 20 auditores creado en 1984 con el fin de "investigar maniobras dolosas al Estado por parte de privados, valuadas en, por lo menos, más de 6000 millones de dólares".

Casi 20 años después, en 2009, los auditores Miguel Ángel Espeche Gil, Julio Carlos González, Graciela González y Néstor Forero, a cargo de la causa Olmos II -que investigaba la deuda externa originada entre 1981 y 1987- presentaron un documento en donde se detallaban las maniobras fraudulentas que realizaron entre 1981 y 1983 más de quinientas empresas, con deudas de entre 4 y 1000 millones de dólares que "se beneficiaron del erario público, afectando la vida y dignidad del pueblo argentino y produciendo un estrago social", según se detalló en el mismo.

De haber licuado sus activos gracias a los seguros de cambio creados por el entonces director del BCRA, Domingo Cavallo en 1982, quienes habían contraído deudas a un precio de dólar congelado, y lograron luego que el Estado pague las diferencias entre el peso devaluado y el dólar a los acreedores en el exterior, que en muchos casos siquiera habían depositado en el país los montos que figuraban en los balances de las empresas.

El documento que avaló lo expuesto por Melconian y puso final a dichas investigaciones fue firmado llevó la firma de Daniel Marx, uno de los directores del BCRA en aquel entonces, que con el tiempo se convirtió en un reconocido economista, hoy vinculado también al PRO.

Entre las compañías beneficiadas por esta medida se encontraban firmas de poderoso renombre a nivel mundial, como IBM, Esso, Renault y Kodak, y de origen nacional como Pérez Companc, Bridas, Aluar y Sideco Americana S.A, de la familia Macri.

Entre esas 514 empresas que fueron denunciadas en el informe, se puede distinguir la presencia de la firma Sideco Americana S.A, conducida por la familia Macri, denunciada por la maniobra de "autopréstamos". El concepto fue detallado en el informe de los auditores presentado ante el juez:

"La maniobra consistía en la colocación de fondos propios en plazos fijos en el exterior, recibiendo como contrapartida un préstamo de la misma entidad bancaria, sirviendo el plazo fijo como garantía a estos créditos. Los plazos fijos en el exterior no se informaban al BCRA, en muchos casos, estos plazos fijos tampoco figuraban en los libros y balances de las sociedades, tal como surge de la investigación.

La aplicación del mecanismo de seguro de cambio liberó a las empresas que utilizaron los autopréstamos de sus fondos externos y haciéndose cargo del Estado del pasivo declarado en al país", explicaba el informe presentado ante el juzgado, en el que además se solicitó la declaración testimonial de Melconian por su "falta de criterio y arbitrariedad" a la hora de decidir a qué empresa quitarle la deuda y a cuál investigar "a fondo".