El gobierno de Mauricio Macri le otorgó a IECSA, la empresa de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente, un sobreprecio extraordinario para la realización de obras en uno de los tramos de la ruta nacional 8. Así, el valor original se incrementó en un 120%, lejos del promedio del 40% otorgado a empresas adjudicatarias de tramos vecinos, y el monto actual, a mayo de 2019, es de $2.800 millones. Además del precio, lo llamativo es que el organismo modificó la obra en un 80% y no se procedió a una nueva licitación, pese a que debería haberse hecho.
Según una denuncia penal - contra Javier Iguacel y otros funcionarios - del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVYARA) a la que accedió El Destape, la empresa IECSA fue adjudicataria del Tramo II B de la obra en 2013 por 104,37 kilómetros. Por los distintos procesos de la licitación, el contrato fue suscrito en enero de 2015 y el presupuesto oficial asignado era de $315 millones. Sin embargo, ante la posibilidad de la aparición de una oferta menor, se le hizo un descuento del 15% por lo que el valor final quedó en $285.122.360,32.
Pocos meses después, con el cambio de gobierno, la Dirección Nacional de Vialidad, que es la encargada del manejo y presupuesto de estas obras, a cargo de Javier Iguacel, se definió modificar el proyecto que ya estaba contratado y ejecutado. “La alteración sustancial del proyecto implicaba la necesidad de volver a licitar los contratos de la obra”, denunció el sindicato, pero “sin un método claro u ordenado plantearon modificaciones de las bases contractuales, incluso sobre la traza, el diseño geométrico” y puntos claves del acuerdo. Según denunciaron desde el gremio, las nuevas autoridades de la Comisión Argentina Permanente de Asfalto, asesores del titular de Vialidad, definieron el camio del proyecto.
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Estas modificaciones encarecieron el valor estipulado originalmente y las empresas comenzaron con los trabajos con la venia de Vialidad a cargo de Iguacel, pese a no tener un acto administrativo formal para hacerlo. De hecho, éste llegó recién dos años más tarde mediante la resolución 781/17 dictada en abril de 2018. De este modo, se aprobaron aumentos del 35% para la empresa Chediack S.A. por el tramo I B; del 45% para la firma Vialmani S.A. para el tramo III B pero un 120% para el segmento correspondiente a IECSA.
Con ese cambio aprobado por Vialidad, a la obra de la empresa de Calcaterra, cuyo monto original era de $285.122.360,32, se le sumaron $343.252.511,70 lo que llevó el valor total del proyecto a $628.374.872,02. Desde STVYARA denunciaron que este valor, con las redeterminaciones propias producto de la inflación y cambio de precios, hoy asciende a $2.800 millones.
Las autoridades que lo definieron, con el visto bueno de Iguacel, tal como denunció el sindicato, fueron Juan Manuel Campana, Marta Arancibia, Alejandro Bisio y Eduardo Placensia, quienes integraron el primer grupo de colaboradores de quien después pasaría a ser Ministro.
De este modo, el cambio impulsado por Vialidad sin ningún tipo de licitación, maximizó las ganancias de la empresa de Calcaterra. Cabe aclarar que IECSA fue vendida en marzo de 2017 a Pampa Holding, de la familia Mindlin, amigos de Macri. Los negocios quedaron siempre en el círculo íntimo del presidente.
Según la denuncia penal contra los funcionarios encargados de aprobar el cambio, con Iguacel a la cabeza, el contrato original le otorgaba a la empresa una rentabilidad aproximada de $90 millones pero con el cambio “tiene un beneficio garantizado de $645 millones o sea $555 millones por encima” de las ganancias iniciales. La matemática les jugó a favor. Este sobreprecio fue señalado, incluso, por la Subgerencia de Costos de Vialidad, al señalar que los precios de los nuevos ítem "tienen un sobreprecio del 37% considerando los valores que venía autorizando vialidad", según consta en la denuncia.
Pero las irregularidades no sólo pasaron por los sobreprecios, sino que la modificación de la obra debió haber sido licitada nuevamente y ésto no ocurrió. Según la denuncia, “con la aprobación del proyecto ejecutivo de la obra, el precio total del contrato está incidido por un 79,83% de ítem nuevos a precios nuevos”. O sea, el proyecto cambió en casi un 80%. A esos nuevos valores propuestos, nunca se les hizo, además, el descuento del 15% que se había pactado en el acuerdo original: o sea, cambiaron la obra sin licitación, no se les hizo el descuento correspondiente y se les otorgó un sobreprecio del 120%.
Por eso, el gremio apuntó contra Iguacel, encargado de administrar la Dirección Nacional de Vialidad, por vedar “la posibilidad de obtener un mejor precio por la nueva obra que es hoy muy distinta a la originalmente contratada”. Incluso, destacaron, menos de dos meses después de tal resolución, ascendió al puesto de Ministro de Energía de la Nación.
Se podría pensar que el mayor costo se reflejó en una obra más grande, pero ocurrió lo contrario. Desde el sindicato manifestaron que el 120% de sobreprecio (que con las readecuaciones por la situación económica asciende al 700%) es “por una menor extensión del camino”. Al respecto, manifestaron que “pese al astronómico aumento del precio de la obra, se limita la misma en 800 metros de longitud y se evitan construir tres puentes sobre distintos arroyos de la región”.
De este modo, se modificó en un 80% el proyecto de una obra en una ruta nacional sin pasar por la apropiada licitación y la empresa del primo y, luego, amigo de Macri recibió un sobreprecio del 120%, muy lejos de las otras compañías, con ganancias mega millonarias.
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