La lista de 1.100 detenidos en cárceles federales que el Gobierno pidió evaluar su libertad puso en alerta a todos. Sobre todo, a aquellos que desde la Justicia trabajan en los delitos de lesa humanidad ya que muchos de los posibles beneficiarios son condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
Nombres como Jorge "Tigre" Acosta o Julio Simón, alias "El Turco Julián", volvieron a estar en boca de los medios pero no por nuevas condenas sino porque formaban parte de la lista que el Ministerio de Justicia, a través del Servicio Penitenciario Federal, presentó a jueces y fiscales de ejecución penal para que evalúen su liberación. Según el portal Infobae, los represores comparten esa "lista blanca" con Mario Segovia, "el Rey de la Efedrina", y un miembro del clan Puccio.
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De acuerdo a la estimación que hizo la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, en la lista hay 95 condenados por delitos de lesa humanidad. En la oficina del MPF que comanda el fiscal Jorge Auat se mostraron sorprendidos porque, aseguraron, "no hay un criterio claro por el cual elaboraron la lista".
Dentro de los 1.100 se encuentra el 62% de los condenados por delitos de lesa humanidad que habitan en cárceles federales y tienen más de 70 años. En la procuraduría señalan que no se entiende bien cómo se eligió a ese 62%. Del total de condenados por delitos de lesa (818, según datos de octubre pasado), apenas el 30% habitan las cárceles federales y el resto, en los servicios penitenciarios provinciales.
Condenados de lesa humanidad mayores de 70 dentro del SPF
En la Procuración pidieron de forma inmediata una reunión con el ministro Germán Garavano, pero entienden que la intención inicial fue más que una sugerencia. Una fuente de la Procuración evaluó con El Destape que "ellos querían descomprimir y les parecía arrancar con esta lista. El tono de la reunión con los fiscales y jueces de Ejecución Penal fue de determinación". "Luego, empezaron a recular y mandaron ese comunicado", agregaron.
Se refería así al comunicado del SPF en el que le bajaron el tono al pedido. "Solo implica compartir información con el Poder Judicial de aquellos que estarían en condiciones de ser evaluados a los accesos a los distintos institutos previstos por ley", fue la escueta definición del SPF.
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