Mauricio Macri: una línea de conducta anti-republicana

La reciente victoria de Mauricio Macri fue recibida por muchas personas como un triunfo de la República sobre "el populismo" y es un hecho que muchos de quienes lo votaron lo hicieron como modo de reclamar mejores instituciones, menos corrupción, más diálogo y el fin del estilo personalista y confrontativo de Cristina Kirchner. Pero en verdad, más allá del cuidado discurso público del PRO durante la campaña, las credenciales de Macri como "buen republicano" dejan mucho que desear. Al asumir como presidente anunció "tolerancia cero" para la corrupción, pero toda su carrera, primero como empresario y luego como Jefe de Gobierno porteño, está salpicada por ella. Como ejecutivo de las empresas de su progenitor, Mauricio Macri estuvo personalmente involucrado en el formidable fraude de las cloacas de Morón, descubierto en 1989, uno de los casos de corrupción más famosos de todos los tiempos, que concluyó en el juicio político al intendente Juan Carlos Rousselot y el fin de su carrera política. Los Macri, como buenos amigos de Carlos Menem, se las arreglaron entonces para evadir el alcance de la justicia. Poco después, en 1993 y ya como gerente de su propia compañía, Mauricio Macri estuvo envuelto en otro escándalo de corrupción, el conocido caso de evasión fiscal por contrabando de autos. Por ese caso fue procesado por la justicia, pero el procesamiento fue suspendido por intervención de la corruptísima Corte Suprema designada por Menem. Esos son tan solo dos de las varias situaciones turbias en las que Macri estuvo involucrado como empresario. En 2010 su propio padre lo acusó de haberse quedado indebidamente con la propiedad de una de sus empresas.

Desde que asumió como Jefe de Gobierno porteño en 2007 las denuncias por corrupción se multiplicaron. Macri está actualmente imputado en 214 causas judiciales de todo tipo, incluyendo por actos de corrupción y abuso de autoridad. Una de ellas es el famoso caso de escuchas ilegales de referentes políticos y sociales opositores a su gobierno y de miembros de su propia familia, para las que se utilizó la estructura de la Policía Metropolitana. Por este caso Macri continua procesado por confirmación de la Cámara, a pesar de las intensas presiones para archivar el caso desde que ganó las elecciones. (A propósito, el fiscal que lo acusó en este juicio fue nada menos que Alberto Nisman). Otras imputaciones incluyen los jugosos contratos de obras públicas que la ciudad entregó a su amigo de la infancia Nicolás Caputo. El blindaje mediático sobre este caso ha sido fenomenal, al punto de que Jorge Lanata permitió que mintiera abiertamente en vivo en una de las últimas entrevistas previas a las elecciones. Cuando le preguntó por su relación con Caputo, Macri respondió "Caputo S.A. no licitó una sola obra en mi gestión", omitiendo el hecho de que su amigo es dueño de otras firmas que sí lo hicieron. Un engaño que un niño en edad escolar sería capaz de reconocer. Y debe agregarse el escándalo que condujo a la renuncia de Fernando Niembro en plena campaña como candidato a diputado, cuando se supo que se había beneficiado de millones de pesos en fondos de la ciudad para hacer trabajos que nunca se hicieron a través de empresas fantasma. Sobre este tema Macri no ha dado ninguna respuesta. La investigación recién comienza, pero todo indica que es la punta del iceberg de un sistema de corrupción generalizado mediante los fondos para publicidad de la ciudad de Buenos Aires.

Los trazos de corrupción son incluso más visibles en el elenco de Ministros y Secretarios de Estado que Macri acaba de designar para acompañarlo. Los antecedentes de todos ellos combinados se suman por cientos. Por mencionar los más conocidos, Alfonso Prat Gay está involucrado en el escándalo de los "Swiss leaks", como apoderado de una cuenta bancaria secreta por la que Amalia Lacroze de Fortabat evadía impuestos. Federico Sturzenegger, hoy al mando del Banco Central, estuvo procesado por el "megacanje" de 2001, el mayor fraude financiero en la historia del país. Son sólo dos ejemplos de muchos posibles. Hasta la Primera Dama estuvo imputada en un juicio por fabricar su marca de ropa en talleres clandestinos (el caso fue desestimado por un juez que inmediatamente luego se transformó en Ministro de Macri).

Si la transparencia no ha sido el fuerte de la gestión de Macri, sus antecedentes relativos al respeto de la división de poderes y el diálogo son incluso peores. Como Jefe de Gobierno Macri vetó más de 130 leyes de la Legislatura. En muchos casos eran leyes sobre pequeños asuntos que no ponían en riesgo su gestión de ninguna manera imaginable. Básicamente vetó cualquier ley con la que no estuviera personalmente de acuerdo. La poca disposición al diálogo que esta conducta demuestra es especialmente sorprendente si se tiene en cuenta que, de las leyes vetadas, más de 80 habían sido aprobadas o presentadas por legisladores del PRO.

En lo que respecta a la independencia del Poder Judicial, los antecedentes son también preocupantes. Durante su gestión como Jefe de Gobierno fue denunciado por presionar a los jueces locales para condicionar su trabajo. Desde el minuto posterior a las elecciones presidenciales se dispuso a hacer lo mismo con la justicia federal con una intensidad tal, que incluso su aliada Elisa Carrió tuvo que pedirle públicamente que se detenga. Poco antes, Ricardo Gil Lavedra había denunciado que Macri utilizaba la justicia porteña para intimidar a ciudadanos y ONGs que cuestionaban sus políticas. En los pocos días que lleva como presidente de la República el avance autoritario sobre el Poder Judicial se volvió desembozado. Horas antes de asumir, consiguió de una jueza afín uno de los fallos más vergonzosos de la historia de la justicia argentina, cuando, mediante una simple medida cautelar, Servini de Cubría dispuso la caducidad anticipada del mandato de Cristina Kirchner y la asunción de Federico Pinedo como presidente provisional. Además, desde antes de su asunción Macri viene presionando abiertamente a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que renuncie. De acuerdo a las leyes de nuestro país, la Procuradora goza de una designación vitalicia y sólo puede ser removida por juicio político del Congreso. Sin embargo, exigen que se retire bajo la argumentación de que ella tiene una identidad política diferente de la del gobierno entrante y, por eso, "no es independiente". Ese argumento es lo suficientemente rústico como para desacreditarse por sí sólo, pero habría que añadir que, cuando fue Jefe de Gobierno porteño, Macri designó a un legislador de su propio partido para desempeñar la misma función. Queda claro entonces que lo que se busca no es la independencia del jefe de fiscales, sino la obediencia al partido gobernante.

¿Y qué decir de la decisión inédita de designar por decreto a dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasando por encima de la potestad del Senado y del procedimiento que indica la Constitución? En términos objetivos, se trata del peor ataque al principio de División de Poderes en décadas y uno de los peores en toda la historia de los gobiernos civiles argentinos. Hay que agregar, además, que fabricaron especialmente una situación también inédita para garantizarse una mayoría propia en la futura Corte. Debe recordarse que el PRO y sus aliados, desobedeciendo un mandato Constitucional, se negaron durante un año a evaluar un reemplazante tras la renuncia de Eugenio Zaffaroni, de manera que esa tarea quedara en manos de otro gobierno. Asimismo, el juez Fayt postergó su renuncia hasta el día de asunción de Macri. Mediante estos artilugios, se vulneró el principio constitucional que garantiza que la renovación de la Corte se vaya produciendo a medida que haya bajas por motivos biológicos o personales y quede así desacoplada de los vaivenes políticos.

La brutalidad de los decretos de necesidad y urgencia que viene tomando Macri como presidente sorprendieron incluso a sus aliados políticos. Pero para ser honestos, sus antecedentes anti-republicanos previos eran perfectamente conocidos por todos. El hecho de que, incuso así, tantos decidieran votarlo y celebrar su victoria como un triunfo de la República, sugiere que el buen funcionamiento de las instituciones republicanas no era –a pesar de lo que indiquen de la boca para afuera– su interés fundamental.