En 1995, el gobierno de Carlos Menem promocionó un proyecto del ingeniero Álvaro Alsogaray que propuso la construcción de una aeroisla de 323 hectáreas cuadradas para trasladar el aeroparque Jorge Newbery. Veinticuatro años más tarde, se conoció que Mauricio Macri y su equipo se inspiraron – al parecer - en la iniciativa del riojano pero, esta vez, para mover el Puerto de Buenos Aires y trasladarlo a un sector ganado al Río de la Plata, entregarlo a una sola empresa, achicarlo y habilitar un gran negociado.
Las publicaciones periodísticas de aquél entonces revelaron que el proyecto tuvo un presupuesto estimado entre 930 y 1600 millones de dólares para terminar la obra en un plazo no mayor a cinco años. La misma sería parte del proceso de privatización de los aeropuertos argentinos.
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El diagrama estipuló la construcción de un puente de 2.500 metros para unir la Ciudad con la aeroisla – ubicada a cinco metros sobre el nivel del río – y una pista principal con la misma longitud pero 400 metros más larga que la del aeroparque. Además, se contempló la construcción de un hotel, un estacionamiento y un muelle.
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El proyecto menemista tenía una segunda etapa planificada. Esta vez para duplicar la superficie de la isla y levantar otra pista. Clarín publicó que María Julia Alsogaray, por entonces secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, aseguró que un estudio sobre el impacto ambiental del proyecto demostraba la viabilidad de la iniciativa.
Con las tierras liberadas de Aeroparque se podría levantar un negocio inmobiliario de magnitud, tal como reflejaron las publicaciones de medios de comunicación por aquéllos años. Eran unas 150 hectáreas en las que se podrían construir torres de hasta 14 pisos.
Sin embargo, las oposiciones generadas al proyecto, posibles vinculaciones de Alsogaray con esos negociados y el informe de una consultora contratada por el Banco Mundial, que desaconsejó su construcción, dieron por tierra la idea. Argumentaron que se necesitaban "30 millones de pasajeros anuales para justificar el proyecto", cuando la media calculada era de casi siete millones. En 1998, la iniciativa quedó en la nada. Veinticuatro años más tarde, la idea de una isla sobre el Río de la Plata volvió a sonar para el caso del Puerto de Buenos Aires.
Capítulo Puerto
Como contó El Destape, el Gobierno de Mauricio Macri avanza en la construcción de una isla frente al Puerto de Buenos Aires – nacional y el de más importancia del país – para trasladarlo allí, reducirlo, despedir trabajadores, entregar la concesión a una sola empresa y habilitar un enorme negociado inmobiliario en lo que será Puerto Madero II.
El 4 de septiembre, se lanzó la licitación para iniciar el procedimiento para la provisión de 1.300.000 metros cúbicos de arena para el relleno de la terminal exterior, que se realizará en 300 días de corrido. Por los trabajos de la contratación, se estimó un presupuesto oficial de $33.300.000 más IVA, o sea US$ 16.980.000 más IVA.
Esa arena será utilizada para la construcción de una isla a la cual trasladarán el Puerto que hoy es operado por tres empresas, pero, por presión de Nicolás Caputo – el hermano del alma de Macri -, quedará en manos de una sola. Misteriosamente, suena fuerte una de Singapur, de dónde el hombre de confianza del Presidente es cónsul.
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Como reveló El Destape, en 2016 el PRO empezó a diseñar el proyecto que se convertirá en un negocio millonario para los amigos de siempre, como Nicolás Caputo, Paolo Rocca y Eduardo Costantini. El plan comenzó hace tiempo con la construcción de Catalinas I y II, el Antepuerto y el Paseo del Bajo y se completará con el traslado del Puerto de Buenos Aires a terrenos ganados al río para liberar las terminales actuales y habilitar negocios inmobiliarios, comerciales y turísticos.
Con el traslado del Puerto quedarán 27 hectáreas libres destinadas al negocio. Por código urbanístico, el 65% debe destinarse a espacio público y el 35% a privados, superficie que le asegura a los inversores una cantidad de 933.600 metros cuadrados construibles (incluye los pisos en altura) y casi 747 mil metros cuadrados destinables a la venta.
Con este marco, los privados comprarán el metro cuadrado al Estado – son tierras nacionales – por US$ 1.300 y lo venderán, como piso, a US$ 4.250. De este modo, la inversión total para la compra de todo el polígono sería de U$S 1.214 millones y la venta alcanzaría, como mínimo, los U$S 3.081 millones.
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