Al menos 55 genocidas buscan aprovecharse de la situación especial que provocó la pandemia del coronavirus y reclamaron en la Justicia que se les conceda la prisión domiciliaria o directamente la excarcelación ya que, aducen, sus vidas corren peligro. Diez represores lograron su cometido. Mientras que a 8 les denegaron su planteo. El resto espera una resolución judicial en los próximos días. En ese pelotón se encuentran criminales condenados por delitos de lesa humanidad de la talla del exdirector de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz a integrantes de las patota de la ESMA como Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta, Miguel Cavallo o Antonio Pernías.
Este 24 de marzo, sin dudas, se vivirá un aniversario especial del último golpe de Estado. El aislamiento social que decretó el presidente Alberto Fernández para enfrentar al COVID-19 obliga a que en esta jornada el recuerdo de aquel trágico día de 1976 no se viva con una multitud en la calle, como es habitual. Incluso, habrá mucha presencia policial en las calles para garantizar que la cuarentena sea efectiva. A eso se suma el oportunismo de muchos abogados defensores de represores, que pretenden sacar de la cárcel a quienes torturaron, asesinaron, violaron y robaron bebés entre 1976 y 1983.
Los recursos de los genocidas se realizaron en distintos puntos del país. Hubo planteos en Mendoza, Córdoba, Tucumán, Rosario, Capital Federal y Buenos Aires. En territorio bonaerense se contabilizaron presentaciones en La Plata, San Martín, Mar del Plata y Bahía Blanca.
¿Qué sostienen los genocidas? Invocan el estado de emergencia sanitaria y el riesgo que corren en un penal, ya que, aseguran, padecen distintos problemas de salud. Pero la realidad es que, al menos por ahora, no hubo casos de coronavirus en la cárcel.
En este contexto, desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consideran que hasta que no haya un caso intramuros de coronavirus (o una fuerte sospecha) estos pedidos son prematuros. En la Unidad del Ministerio Público Fiscal que encabeza Ángeles Ramos consideran que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) tiene estructura para dar atención, contención y aislamiento a los reclusos.
“Es una aprovechamiento de una situación de emergencia mundial. Los genocidas y sus abogados tratan de sacar ventaja y buscar un privilegio. No se preocupan por la salud de los demás ni la de ellos mismos”, asegura a El Destape el abogado querellante en diversas causas de lesa humanidad, Pablo Llonto. “El fundamento del asilamiento social es precisamente que no haya circulación de personas para evitar el contagio. El traslado implica una movilización tremenda. Incluye un móvil del Servicio Penitenciario, agentes recorriendo muchos kilómetros. Algunos represores pidieron ser alojados en countries, como Cinto Courteaux, lo que implica contacto con varias personas. Parece una burla a la situación de emergencia. Una falta de respeto”, añade el letrado, quien remarca que los genocidas invocan tener lo que mucha gente, como hipertensión o diabetes, y que por eso ya son tratados en los hospitales del SPF.
Llonto sostiene que los planteos “no tienen justificativo jurídico”. “No se da ninguno de los casos que contempla la ley para una prisión domiciliaria. Ese beneficio se otorga cuando la persona que está alojada en la unidad penitenciaria agrava su salud. En este caso no sucede. El agravamiento está en el propio traslado y en irse en sus casas”, concluye.
En sus casas
La Justicia platense ya envió a sus hogares a tres genocidas con la excusa del coronavirus. Se trata de Walter Omar Ale; Ramón Carlos Velasco y Juan Nazareno Risso. Los tres integraron una patota policial que reportaba al torturador Miguel Etchecolatz y asesinó, en septiembre de 1976, a Horacio "Chupete" Benavides, referente de la Juventud Universitaria Peronista y militante de Montoneros.
La decisión de conceder la domiciliaria fue del juez Ernesto Kreplak. Uno de los abogados querellantes en esta causa es Llonto, quien cuestionó la decisión del magistrado y afirmó que se salteó pasos en el proceso al no correrle vista a las querellas. Por eso el jueves pasado planteó la nulidad de la resolución. El juez formó el incidente, es decir, que consideró que hay argumentos para discutir lo planteado. Ahora Kreplak deberá resolver. Si no concede la nulidad, el caso seguirá en la Cámara Federal de La Plata, que es la instancia superior.
En Mendoza también hubo concesiones producto de la pandemia. En aquella provincia se beneficiaron 7 represores: Oscar Alfredo Simone, Carlos Eduardo Ledesma, Juan Carlos Ponce Ochoea, Vicente Omar Navarro Moyano, Segundo Héctor Carabajal, Mari Guillermo Ocampo Scampini y Oscar Raúl Pérez Fernández.
Otro represor al que le concedieron la domiciliaria, en este caso en Córdoba, es el excomisario Carlos Yanicelli. Pero no se hará efectiva porque también está detenido a disposición de otro juzgado, distinto al que le otorgó el beneficio.
No obstante, no todas fueron buenas noticias para los genocidas. También hubo denegaciones como fueron los casos de Mario Sandaoval en la Capital Federal o de Miguel Ángel Gómez en Córdoba, por citar dos ejemplos.
Casos Paradigmáticos
La mayoría de los represores que acudieron a la Justicia con la excusa del COVID-19 esperan la resolución de sus planteos, ya que aún no obtuvieron respuesta. Y se descuenta, que la cifra de presentaciones aumentará.
Entre quienes aguardan una definición para ver si pueden volver a sus casas hay genocidas emblemáticos como el del ex director de investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz; o integrantes de la patota que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la última dictadura cívico militar. Allí no sólo se torturó y asesinó, también se planificaron los vuelos de la muerte y se robaron de bebés de las víctimas.
Algunos de los genocidas que actuaron en la ESMA y hoy, con la excusa del coronavirus, buscan cumplir la pena por crímenes contra la humanidad en sus domicilios son: Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta, Antonio Pernías, Jorge Radice y Migue Cavallo.
En San Martín, uno de los represores presos en el marco de la causa conocida como Contraofensiva, Cinto Courteaux, directamente planteó la excarcelación. La justicia se la denegó. Pero aún está pendiente de resolución la detención domiciliaria. Pidió ser alojado en un country.
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