El viernes primero de marzo, el presidente de la Nación inauguró las sesiones legislativas con un discurso mesiánico y autoritario. Sin embargo, lejos de recomponer autoridad sembró una profunda desconfianza entre los agentes económicos, quienes le respondieron acelerando el pase de sus posiciones financieras en pesos a dólares.
El discurso de apertura de sesiones es el más importante que un presidente da en el año, pues habla del estado de la Nación y de sus proyectos futuros ante los otros poderes republicanos. Que el lunes siguiente a la alocución de Macri, con los mercados cerrados en Argentina por los feriados de carnaval, en la bolsa de Nueva York se vendieran masivamente títulos valores nacionales, desplomando el precio de las acciones y disparando el riesgo país, configura una señal de desconfianza profunda hacia la capacidad de gobernar del mandatario. Más grave aún fue lo que ocurrió la semana siguiente: tras la vuelta a los micrófonos del jefe de gabinete, Marcos Peña, con un discurso cuasi adolescente repartiendo culpas hacia todo el mundo, la corrida cambiaria y contra los bonos soberanos argentinos alcanzó una aceleración tal que obligó a Dujovne a solicitar de urgencia al FMI que le permitiera vender en el mercado local los dólares en poder del Tesoro que aún no habían sido aplicados al pago de deuda pública.
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Esta pérdida de credibilidad ante los agentes económicos después de la apertura de sesiones se vio acompañada de una fuerte derrota electoral en la provincia de Neuquén, donde el candidato a gobernador de Cambiemos quedó tercero. A su vez, el potente informe del juez Ramos Padilla desnudó un grave entramado de espionaje y extorsión que salpica al Poder Judicial y al grupo mediático más importante de la Argentina, hecho que obligó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a enviar un fuerte mensaje de respaldo al juez, a pesar del pedido de juicio político encabezado por el Poder Ejecutivo.
En escasas tres semanas de marzo se sinceraron la crisis financiera, el caos institucional y el deterioro político que aquejan al gobierno de Cambiemos. Este contexto ha disparado una diversidad de encuentros, diálogos y posicionamientos sobre el rumbo del país en la que todos los grupos en cuestión descartan las posibilidades reeleccionistas de Macri. Ahora bien, este escenario de sinceramiento brutal de la realidad ha instalado en el plano económico a corto plazo dos cuestiones relevantes:
- La salud del programa financiero de cumplimiento de los vencimientos de deuda pública para este año y el próximo.
- La sustentabilidad del sistema financiero con tasas de interés sostenidas en torno al 65% nominal anual, que arroja una acumulación de los activos financieros del Banco Central colocados en los bancos del 5% mensual.
En enero de este año, el equipo económico presentó en Davos un programa financiero para el 2019 apoyado en dos pilares: un déficit primario cero y un excedente de caja en el Tesoro.
El excedente de caja del Tesoro, generado por la mayor renovación de pasivos de corto plazo, fue de U$S 6.400 millones. Dicha acumulación de dólares en el Tesoro es la que el gobierno le ha solicitado al FMI que le permita vender en el mercado local a razón de U$S 60 millones diarios para atender las necesidades de pesos que demandan los pagos de deuda pública en moneda nacional.
La autorización otorgada hasta U$S 9.600 millones muestra, por un lado, el respaldo del organismo multilateral al sostenimiento político de Cambiemos pero, por el otro, que los vencimientos en moneda nacional son de U$S 7.500 millones por debajo de la autorización otorgada. Es decir que el gobierno podrá vender dólares que debe aplicar a la cancelación de la deuda soberana en el mercado local, atándose a sostener equilibrio primario a lo largo de todo el año y renovar el 50% de las letras del Tesoro colocadas en el mercado doméstico a corto plazo.
Consecuentemente, cualquier dificultad en el equilibrio de recursos y gastos corrientes, derivada de una caída de la recaudación provocada por la recesión en curso o la desconfianza de los inversores en las letras del Tesoro emitidas, pondría en duda el cumplimiento de las obligaciones del Tesoro a lo largo de este año. Este cuadro de situación se refleja en un riesgo país que no desciende de los 700 puntos.
Además, es necesario tener en cuenta que en tanto el gobierno pone en juego todas sus disponibilidades en el presente año, el programa financiero de 2020 queda a la deriva y puede determinar que los tenedores de bonos anticipen esta situación, desprendiéndose de los títulos argentinos con un consecuente aumento de la tasa de riesgo país.
Cotización de bonos argentinos en marzo 2019
Respecto a la sustentabilidad del sistema financiero, la misma se evidencia en el crecimiento sostenido del stock de letras de liquidez (LeLiq), que lo hace a razón de 14,4% mensual. Al 31 de diciembre de 2018, el stock de letras de liquidez era de $709.891 millones, en tanto que al 19 de marzo, es de $1.007.582 millones. Ese exponencial crecimiento del 41,9% debe ser acompañado con un aumento similar de los depósitos a plazo fijo del sector privado, de modo de equilibrar la liquidez del sistema bancario. Mientras la tasa de devaluación fluctúe por arriba de la tasa de interés con que se remuneran las colocaciones financieras de los particulares, el riesgo de una conversión a dólares de esos activos financieros en forma acelerada aumenta proporcionalmente a la pérdida de capital en dólares que sufren los ahorristas.
Recordemos que el primer desembolso del Fondo de U$S 15.000 millones se fue para cancelar las denominadas LeBaC. Ahora pareciera que el gobierno de Cambiemos utilizará casi U$S 10.000 millones en cancelar otra creación financiera como las LeLiq.
Mientras esto ocurre, los riesgos de incumplimiento de pago de deuda soberana aumentan crecientemente.