El oficialismo parece decidido a avanzar con un copamiento del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, a pesar del revés que recibió en las PASO, elecciones en las que Axel Kicillof quedó al borde de la gobernación: pretende concretar 42 nombramientos entre jueces, fiscales y defensores bonaerenses. De ese total, destacan dos magistrados cuyo destino es el Tribunal de Casación Penal, la máxima instancia penal local. La oposición busca por todas las vías impedir esta avanzada, que se realiza a un mes para las generales. Cuestiona el momento en que se eligió para tomar esta decisión (con la derrota consumada) y también los candidatos que se eligieron para cargos claves.
De las cuatro decenas de funcionarios judiciales que pretende designar el oficialismo, 17 son magistrados. Todos elegidos por la gobernadora María Eugenia Vidal, ya que el Poder Ejecutivo es el que selecciona al candidato de una terna que le eleva el Consejo de la Magistratura. El nombramiento se concretará luego de que el Senado trate el pliego de los candidatos. Esta última etapa es la que está por abrirse. El miércoles pasado, el oficialismo dejó allanado el camino para poder llevar esta cuestión al recinto.
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La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos ya aprobó los dos nóminas de candidatos (20 y 22 postulantes cada una) a pesar de que no fueron apoyadas por los bloques de Unidad Ciudadana, el PJ y el Frente Renovador. Ahora resta que se voten. Hay jueces de Tribunal en lo Criminal, de Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal, de juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, de Garantías, de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y de Casación Penal. Esta última Cámara es la máxima autoridad penal antes de la Corte bonaerense, es decir, que tiene a su cargo el tratamiento de las causas sobre corrupción, por citar un ejemplo. Ésta es una de las razones por las que la oposición critica a Vidal. La acusan de querer, en una virtual retirada, nombrar a quienes podrían llegar a investigarla.
¿Quiénes son los dos postulantes a la Casación que se ganaron la críticas de la oposición? Se trata de la defensora ante la Casación, Ana Julia Biasotti, y del secretario de la Procuración General bonaerense, Francisco Pont Vergés.
No sólo ambos fueron elegidos por el dedo de Vidal, que fue derrotada en las PASO por Kicillof por un abrumador 52% contra 34% de los votos. Pont Vergés, por ejemplo, es un hombre vinculado al Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand. Sin ir más lejos, está a cargo de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal en el Ministerio Público provincial.
Los vínculos de Pont Vergés con el mundo “cambiemita” son extensos. Por ejemplo, figura como tesorero de Unidos por la Justicia, una ONG que fundaron el actual ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, y su par nacional, Germán Garavano, entre otros. Si ir más lejos, el ministro de la Nación fue Director Académico y Profesor del Programa de Capacitación en Gobierno y Gestión Judicial de la ONG judicial.
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El secretario de Conte Grand también tuvo algunas declaraciones públicas que lo pusieron en aprietos. Por caso, en julio de 2018 al ser consultado en una entrevista radial por un asesinato, respondió: “No podría decir que hay un motivo único (por el cual ocurrieron esos hechos). Es multicausal. Son también como rachas”, dijo el funcionario. Y remató: “El delito tiene esas cosas de rachas estacionales, de varios hechos que impactan en la sociedad”. Su testimonio produjo gran revuelo político. No era para menos.
Ante este escenario, la senadora bonaerense María Teresa García aseguró a El Destape: “No es lógico ni correcto políticamente, ni desde ningún lugar, que cuatro semanas antes de una elección en que se elige gobernador se busque la cristalización de estructuras judiciales, sobre todo en materia de Casación”.
“Además de que hay una transición en marcha, las vacantes de las Casación tenían 4 años esperando. ¿Por qué Vidal quiere realizar los nombramientos ahora?”, se preguntó. “Es sorprendente que la gobernadora poco antes de irse quiera asegurarse un respaldo judicial. Por lo menos es para observarlo”, concluyó la legisladora de Unidad Ciudadana.
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