Después del apagón que dejó sin luz a todo el país y aledaños, y en medio del corte que afecta a gran parte de La Plata, el diputado del FVP-PJ, Rodolfo Tailhade, denunció penalmente al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui y otros funcionarios por ser partícipes o encubridores de una maniobra monumental que derivó en premios para las empresas energéticas y pérdidas para los millones de usuarios.
El legislador recordó que cuando se decretó la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria (ley 25.561 del 2002), se renegociaron acuerdos con las distribuidoras EDENOR y EDESUR, que fueron ratificadas por el Congreso y promulgadas en 2006 por el Ejecutivo, donde se manifestó llegar a un acuerdo la la distribución y comercialización energética.
En ese entonces, se establecieron unas actas acuerdos donde figura un régimen de calidad para la prestación de servicio. Para ello, se determinó una calidad media de referencia basada en el promedio de índices de calidad de prestación del servicio durante el 2000 y 2003, con indicadores de frecuencia y duración de los cortes.
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En caso de que la calidad del servicio no se cumpliera, según cada medición, se establecieron montos de sanciones dispuestas por en Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que podrían ser destinados por el concesionario para ejecutar inversiones adicionales siempre y cuando la empresa en cuestión hubiera mantenido una calidad de servicio semestral superior a la media de referencia. Si no fuera así, las sanciones debían ser abonadas y acreditar esas sumas a los usuarios.
Tras la firma de esas actas, las concesionarias no lograron mantener la calidad de servicio por encima de la de referencia porque lo que casi todas las sanciones deberían haber sido abonadas a los usuarios. Es el ENRE, justamente, el encargado de resolver los pleitos y controversias planteadas entre usuarios y empresas distribuidoras.
El diputado Tailhade denunció que el Gobierno de Macri, pese a que esta normativa había pasado por el Congreso, modificó "de manera indebida el destino de las multas y bonificaciones que le pertenecían como derechos adquiridos a usuarios particulares, a fin de destinarlas a Inversiones Adicionales".
Cuando el 28 de febrero de este año el Estado Nacional traspasó la jurisdicción del servicio de energía eléctrica a Buenos Aires y la Ciudad, en la segunda cláusula del acuerdo firmado meses más tarde, el 10 de mayo, se estableció que "los montos de las penalidades por apartamientos de la calidad de servicio con destino a usuarios impuestas por el ENRE a las concesionarias se destinen a inversiones adicionales" para el período 2017-2021. Lejos quedó el acta acuerdo original en el que se estipuló que ésto sólo podía ocurrir si el servicio del último semestre era superior a la calidad media estipulada, lo que no ocurrió, manifestó el diputado.
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De hecho, los indicadores de frecuencia e interrupciones del servicio en el período de transición fueron "inferiores a la calidad de referencia" por lo que las multas a las empresas deberían haberse acreditado a los usuarios afectados. En los registros quedó constatado que EDENOR sólo logró cumplir los parámetros entre marzo y agosto de 2006 y entre mismo período de 2017. Por su parte, EDESUR lo hizo entre marzo y agosto de 2006. En los restantes períodos, fue inferior a la calidad media.
Esta acción, manifestó el diputado, obedece a "la finalidad de beneficiar de manera ilegítima a las empresas" al modificar "unilateralmente" el destino de las multas que pasó de los bolsillos de los usuarios a las arcas de los magnates de la energía, el club de amigos de Mauricio Macri. Y, además, se traspasa un supuesto beneficio para los usuarios a un premio a las empresas que prestan un deficiente servicio, con la excusa de una presunta inversión.
Para concluir la maniobra, Tailhade denunció que en el acuerdo de regularización no se establecieron cifras concretas y manifestó su temor por que "se hayan modificado deliberadamente para establecer el monto final adecuado en concepto de multas" para darle privilegios a las empresas y perjuicios a los usuarios.
Según estimaciones, actualmente el valor de las multas sería de $35 mil millones que significarían $7 mil para cada usuario que sufrió la falta de servicio o su mala calidad en un contexto de innumerables aumentos y tarifazos.
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