El 27 de septiembre la mayoría oficialista del Consejo de la Magistratura desoyó a las Abuelas de Plaza de Mayo y elevó al Poder Ejecutivo una terna muy cuestionada para definir al titular del juzgado federal N°1 de Mar del Plata. El principal candidato del Gobierno para ocupar ese cargo es Pedro Federico Hooft, hijo y defensor del magistrado que fuera acusado de crímenes de lesa humanidad que lleva su mismo nombre. Actualmente, se desempeña como secretario en la Justicia.
La maniobra quedó al descubierto el jueves pasado cuando el plenario del órgano que selecciona y sanciona magistrados aprobó el dictamen de mayoría que proponía para el cargo a Roberto Boico, Julio Gonzalo Miranda y Pedro Federico Guillermo Hooft. Había un dictamen de minoría conformado por los primeros dos pero con María Dolores Moreno en lugar del postulante cuestionado. Fue dejado de lado.
Boico, entre otras cosas, es abogado del exsecretario de la Presidencia y ex titular de la AFI durante el kirchnerismo, Oscar Parrilli, por lo que sus chances políticas de ser seleccionado por el presidente Mauricio Macri son, siendo optimistas, mínimas. Se descuenta que la vacante de la justicia federal marplatense se definirá entre Miranda y Hooft. Teniendo en cuenta la defensa cerrada de la mayoría automática del consejo hacia Hooft –que rechazó otra terna en la que también estaba Miranda- deja en claro quién es el preferido del oficialismo.
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Un día antes de la votación, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, presentó una carta en el consejo para manifestar su oposición a la terna que incluía a Hooft: “Su eventual designación como juez federal será un claro retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado y compromete a los tres poderes del Estado. El Consejo de la Magistratura de la Nación tiene un claro rol en la conformación de un sistema de justicia comprometido con los derechos humanos y en impedir que accedan a cargos de tanta relevancia quienes se mostraron dispuestos a convalidar la impunidad”, manifestó. No fue escuchada.
Los consejeros que votaron por la terna de Hooft fueron Miguel Piedecasas (presidente del consejo, vinculado al radicalismo), Ángel Rozas (senador por la UCR), Mario Negri (diputado de la UCR), Juan Bautista Mahiques (representante del ejecutivo, vinculado a Daniel Angelici), Adriana Donato (representantes de los abogados), Jorge Candis (del estamento académico), Leónidas Moldes y Luis María Cabral (representantes de los jueces).
El dictamen de minoría apenas cosechó tres voluntades: las del diputado del FPV, Rodolfo Tahilade; la del senador del PJ, Rodolfo Urtubey; y la del diputado del PRO, Pablo Tonelli (adversario de la línea angelicista, que respaldó a Hooft).
Si el reclamo de Abuelas tampoco es escuchado por Macri –quien debe elegir a uno de los tres candidatos de la terna- y este se inclina por Hooft, sólo restará que el Senado apruebe su pliego para confirmarlo en el cargo, tal como indica la Constitución. Se descuenta que se presentarán impugnaciones en esa instancia legislativa para intentar bloquear el nombramiento que se encaminó el pasado jueves.
¿Quién es Hooft?
Pedro Hooft (hijo) actualmente se desempeña como secretario del juzgado federal N° 3 de Mar del Plata e integra la terna para cubrir la vacante del juzgado federal N°1, donde tramitan numerosas causas de lesa humanidad, entre las que se destacan expedientes sobre posibles casos de apropiación de niños. Para la institución que preside Estela de Carlotto, si Hooft es nombrado en el cargo debería excusarse de intervenir en esas causas.
A la hora de manifestar su rechazo del postulante, Abuelas recordó “la defensa activa que el Dr. Hooft ha realizado en el marco de la investigación llevada a cabo contra su padre por los homicidios agravados por ensañamiento y alevosía de los abogados Roberto Centeno y Jorge Candeloro, secuestrados, torturados y asesinados durante la denominada ‘Noche de las Corbatas’ durante el terrorismo de estado. En ese operativo también desaparecieron a Salvador Arestín, Hugo Alais, Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses-”.
A contramano de las acusaciones, desde su familia afirman –y así por ejemplo publicó su hija Lynette, en La Nación- que Hooft (p) es un defensor de la Justicia y los DD.HH.
En una decisión polémica, el magistrado marplatense fue sobreseído en primera instancia a principios de este año por el juez el federal de Azul Martín Bava. La decisión fue apelada. Bava estaba siendo investigado en el Consejo de la Magistratura por su rol en ese expediente.
En el marco de esa defensa, Pedro Hooft (h) grabó clandestinamente al fiscal subrogante del caso, Claudio Kishimoto. Según la presentación del organismo de DD.HH., Hooft lo indujo a afirmar lo que quería escuchar “para luego utilizar esta grabación espuria en la formulación de una denuncia penal contra los acusadores públicos y privados que intervienen en las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción”. Es que el ahora candidato a juez denunció a los fiscales que investigaban a su padre de conformar una asociación ilícita dedicada a perseguirlo.
La grabación encubierta provocó un escándalo ya que la realizó un funcionario judicial “sin autorización alguna y fuera del ejercicio de sus funciones, violando así el derecho a la intimidad y tornándola insanablemente nula”, criticó Abuelas. La maniobra fue denunciada en la Justicia pero en noviembre de 2016, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata lejos de sancionar a Hooft sólo le reclamó “la no repetición de tales actitudes reñidas con la ética”.
En pos de sentar las bases de sus cuestionamientos, Abuelas resaltó: “Nuestra impugnación no se dirige contra el Dr. Hooft por los crímenes que habría cometido su padre, sino por la defensa temeraria y activa en pos de la impunidad de graves crímenes realizados durante el terrorismo de estado, y la persecución contra quienes los investigan”.
En ese sentido, manifestó su “preocupación” por la posibilidad de que, una vez en el cargo, el candidato del Gobierno “ejerza una persecución contra víctimas y querellantes de delitos de lesa humanidad que se han convertido en el blanco de sus ataques”.
Así las cosas, advirtió que la eventual designación de Hooft “traerá severas deficiencias en la investigación de crímenes de lesa humanidad”.
El oficialismo decidió hacer oídos sordos.
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