El juez Luis Carzoglio denunció presiones por parte de Mauricio Macri a través de dos agentes de inteligencia para que detuviera a Pablo Moyano. El Destape accedió a los nombres de esos espías, hasta ahora desconocidos. Se trata de Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pascuale. Este medio también pudo averiguar que se trata de dos directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Uno de ellos, De Stéfano, de estrecha vinculación al operador judicial PRO Daniel Angelici. El caso revela, una vez más, la utilización de la ex SIDE para operaciones mediático-judiciales por parte del Gobierno.
La AFI depende directo del Presidente, que colocó al frente de la casa de los espías a su amigo Gustavo “el Negro” Arribas, quien se mudó al departamento de Macri cuando este pasó a vivir en la residencia de Olivos. “Es el más acostumbrado a las trampas”, argumentó Macri para designarlo, y es uno de los pocos temas de los que no se puede decir que desconozca. Un amigo tramposo al que le devolvió los fondos reservados que superan los 2.000 millones de pesos y que, con casos como estos, le garantiza las presiones a jueces díscolos.
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En el caso de Pablo Moyano, la intervención del juez Carzoglio chocó con la operación que puso en marcha el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, quien pidió la detención preventiva del dirigente sindical por presunta asociación ilícita con la barra brava de Independiente. Los dos magistrados que tuvieron la causa en sus escritorios, Carzoglio y el juez Gabriel Vitale, recibieron visitas de agentes de inteligencia que les manifestaron el interés de Macri en que se apresara al camionero.
Todo comenzó el 12 de octubre de 2018, cuando Scalera pidió la detención de Moyano. El juez Carzoglio desestimó el pedido cuatro días más tarde. Alegó que no había motivos para detenerlo preventivamente y denunció a la Procuración General bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, por filtrar información privada de su vida persona. Tras su decisión, Carzoglio manifestó que sufrió amenazas y recordó el paso de dos de agentes de la AFI por su despacho.
En diálogo con Roberto Navarro en El Destape Radio, Carzoglio relató: “Dos funcionarios reconocidos de la AFI se reunieron conmigo en mi oficina y me dijeron que el Presidente estaba interesado en la causa Moyano". No dijo sus nombres, pero El Destape pudo saber que se trata de De Stéfano y Di Pascuale.
Carzoglio declaró ante la UFI 4 de Avellaneda-Lanús el 3 de diciembre de 2018. Contó que los espías se presentaron en su despacho, que los atendió a puertas abiertas y que le manifestaron el interés de Macri en la causa, la “obsesión” de detener a Moyano.
De Stéfano es director de Asuntos Jurídicos de la AFI. Conocido como “El Petiso” o “Enano”, su terminal es nada menos que Angelici, el delfín de Macri en Boca que tiene una enorme influencia en el mundo judicial. Angelici desplegó su tropa en lugares claves para las operaciones mediático-judiciales, desde la oficina de escuchas que (des)controla la Corte Suprema hasta la ex SIDE. De Stéfano trabajó en la Corporación Buenos Aires Sur bajo las órdenes de Humberto Schianoni, presidente del PRO a nivel nacional. Tuvo un paso importante por el Consejo de la Magistatura porteño, y finalmente Angelici lo colocó en la AFI. El cargo de De Stéfano en la casa de los espías es clave, ya que por su escritorio pasa todo el papeleo de la agencia.
De Di Pascuale, el otro visitante del juez Carzoglio, hay menos información. Su origen es el mundo bancario y su presencia en la reunión con Carzoglio puede vincularse a que se trata de una causa por asociación ilícita vincualda a venta de entradas y otras cuestiones económicas.
La visita
Sólo hubo una visita de los agente de inteligencia a Carzoglio por la situación de Moyano y ocurrió durante agosto del año pasado. Los espías le preguntaron al juez “qué era lo que quería a cambio de detenerlo a Moyano” ya que “venían de parte del presidente Macri y tenían una obsesión para detener” al camionero, tal como consta en la foja 40 de la causa 23308-18-00 que tramita la UFI 4.
Borrador
Dos horas después de terminada la reunión, “una secretaria de estas dos personas le hace llegar un borrador con la orden de detención de Pablo Moyano, que se lo mandaron para mejorarlo”. Según pudo saber El Destape, este borrador también le llegó a el juez Vitale, quien tuvo la causa antes que Carzoglio. Le entregaron ese papel de la misma manera y con la misma finalidad. Lo curioso es que el borrador le llegó a Carzoglio con el nombre de Vitale, por lo que quienes lo armaron ni siquiera se esmeraron en cambiar el nombre de magistrado una vez que la causa cambió de juzgado.
El Destape pudo corroborar que ese pedido de detención en borrador es de gran tamaño, con suposiciones e indicios basados en mensajes de texto y audios de Whatsapp – que no se explicita de dónde fueron obtenidos -, así como publicaciones en las cuentas de Facebook de los implicados en la denuncia. Se pedía puntualmente la detención de Hugo y Pablo Moyano. Sin embargo, el fiscal Scalera sólo se concentró en el segundo.
Carzoglio jamás entendió este encuentro como un apriete hasta tanto desestimó la detención de Moyano. Allí se dio cuenta que la reunión fue para presionarlo. La causa iniciada por la visita de los agentes de la AFI, radicada el 3 de diciembre del año pasado, nunca se movió ese mes pero sí lo hizo en plena feria judicial.
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La fiscal de la UFI4, María Soledad Garibaldi, dio visto bueno al traslado de la causa a Lomas de Zamora, la más grande, con más poder y, según denunció la defensa de Carzoglio, permeable a las presiones de Julio Conte Grand y los servicios inteligencia. Según pudo saber El Destape, el pedido de traslado llegó desde La Plata, de parte de Max Perkins Oneto Gaona, coordinador de la Secretaria de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General bonaerense, donde el magistrado hizo su descargo después de desestimar la detención contra Moyano. Como la declaración involucra a supuestos – ahora confirmados – agentes de inteligencia, solicitó su pase al fuero federal.
Ante este movimiento, Diego Raidan, abogado de Carzoglio, apeló ante la Cámara pero aún no hay resolución. El letrado explicó a El Destape que, por jurisdicción, la causa debería recaer en Quilmes y no en Lomas de Zamora, donde el fiscal adjunto es Scalera, que responde al Procurador.
Actualmente, el juez se encuentra apartado de su cargo, tal como se resolvió en un jury de enjuiciamiento el 4 de diciembre pasado. El jury, promovido entre otros por Conte Grand, estuvo vinculado a la denuncia del Procurador por el otorgamiento de arrestos domiciliarios y otra, del doctor Mateo Laborde, del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, por el allanamiento del Colegio de Avellaneda-Lanús. Ninguna causa ligada a la investigación sobre Independiente y el pedido de detención de Pablo Moyano.
El 6 de marzo, la Corte Suprema bonaerense deberá revisar los argumentos del apartamiento y resolver si se extiende por otros 90 días o vuelve a su cargo. Según manifestó la defensa del juez, no hay motivos para no reintegrarlo por lo que tendría nuevamente la causa Moyano en sus manos y adelantaron que Scalera pediría, seguramente, su recusación porque ya sabe que la postura es contraria a la detención.
El rol de Conte Grand
Tras el apartamiento de Carzoglio, su defensa denunció las presiones de Conte Grand, procurador bonaerense, con un “modus operandi” que “resulta ser siempre el mismo: hacer saber determinada postura e intentar convencer de que la misma sea compartida por el magistrado o funcionario”.
En aquél entonces, consultado por El Destape, Conte Grand se defendió de las acusaciones y aseguró: "No es mi comportamiento institucional ni personal" presionar a funcionarios judiciales. Además, negó haber formulado "sumarios inventados".
En tanto, la defensa de Carzoglio aseguró que el jury contra el magistrado se aceleró tras la negativa a la detención de Moyano y denunció que Conte Grand “presiona" a los jueces y fiscales que no opinan como él ni en base a los intereses del oficialismo.
Luis Arias, juez platense destituido, entre otros, por Julio Conte Grand, le dijo a El Destape que este sujeto “es un operador político del oficialismo, no es un funcionario judicial sino que es una persona que salió del Poder Ejecutivo” y su función es “cumplir el rol político de perseguir jueces y fiscales que no se avienen con la política del Gobierno”.
Por su parte, Carlos Rozanski aseguró que “Conte Grand forma parte de un sistema que sería una guerra jurídica”, o sea “la utilización del derecho, de las normas, de los sistemas procesales para la persecución política”.
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Bicameral
El 18 de octubre pasado, el diputado Rodolfo Tailhade, denunció ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que el 15 de agosto de 2018 recibió “un correo con información que involucra a la Agencia Federal de Inteligencia en actividades prohibidas por la ley”, con detalles de las presiones en la causa de Pablo Moyano.
“La misiva refiere que fiscales de Lomas de Zamora realizaron diversas visitas a la sede de la SIDE -AFI- en el marco de la causa que involucra a Pablo Moyano y que la finalidad de esas reuniones era organizar la detención del mencionado”, explicó.
En el escrito, el diputado aseguró que en ese entonces no le dio importancia ya que se trató de una nota anónima pero, meses más tarde, se concretó el pedido de detención por parte de Scalera, fiscal de Lomas de Zamora.
Pese a la denuncia, la Bicameral sólo se reunió una vez en todo 2018, para designar autoridades, y según denunció el diputado a El Destape que “la Bicameral funciona como una oficina de encubrimiento de las actividades ilegales de la AFI”.
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