El Gobierno nacional tomó una decisión inesperada y despidió al único director del Banco Central que tenía acuerdo del Senado por decreto. El motivo: haber cuestionado públicamente la política económica y monetaria de la entidad que preside Federico Sturzenegger.
Luego de que el intento de hacerlo a través de un pedido ante la Cámara Alta, el primer mandatario emitió un decreto que publicó en el Boletín Oficial en el cual se remueve "del cargo de Director del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA al señor D. Pedro Martín BISCAY (M.I. N° 26.691.009), por mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El Gobierno inició este procedimiento a partir de notas críticas que Biscay escribió en Ámbito Financieroy en manifestaciones en su cuenta de Twitter, en las cuales cuestionaba a la "bicicleta financiera". El ahora ex director era el único que estaba en su cargo con acuerdo del Senado hasta 2020. Todo el resto del directorio y hasta el vice de la entidad, Lucas Llach, fueron puestos en sus cargos en comisión.
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El decreto, lejos de brindar razones para justificar la medida, amplifican la preocupación. Allí se asegura que Biscay incumplió sus deberes como director del BCRA por no haber seguido las "políticas de comunicación" de la entidad monetaria. Es decir, por sus manifestaciones públicas.
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“Surge que las declaraciones públicas hechas por un director del Banco Central, no se adecúan en lo más mínimo a las políticas de comunicación de cualquier Banco Central mínimamente responsable. Tampoco se adecúan al deber de generar previsibilidad y confianza en las políticas del Banco Central, sino que por el contrario van en sentido inverso a dichas políticas, impactando por lo tanto negativamente en los efectos que dichas políticas buscan generar", argumenta el decreto.
Allí asegura, insólitamente, que esto no implica una violación a la libertad de expresión del ex funcionario ya que "con tal criterio se podría sostener que también deberían violarse los secretos de estado o publicarse elementos de la vida privada de las personas -protegidos por las normas constitucionales- o dejarse de lado la reserva que impone la responsabilidad del desempeño de determinados cargos".
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