El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) aseguró que los contratos a largo plazo firmados por el Gobierno con las empresas eléctricas se realizaron "de forma centralizada, sin fundamentos públicos y comprometen pagos a realizar por los consumidores por los próximos 15 años".
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En marzo de 2016, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, firmó la "resolución 21", en la que licitó 3100 megawatts (MW) de generación térmica para evitar cortes, por un contrato de 10 años que efectivizó el precio de mercado a 21 dolares el kilowatt por mes.
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Hasta el 2026, 5.000 millones de dólares saldrán de los bolsillos de los usuarios, según concluyó Diego Bondorevsky, investigador la organización no gubernamental.
"Para poner en contexto esos valores, en Chile los precios resultantes de esa tecnología son de aproximadamente US$8,5/kW-mes, y en México del orden de US$6/kW-mes", explicó Bondorevsky.
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"Las elevadas tasas internas de retorno requeridas por los inversores en las licitaciones, en un contexto en el cual se sumaban un alto riesgo país y el riesgo específico del sector, que definieron plazos de recuperación de la inversión de 4 a 5 años, ponen en duda la decisión de privilegiar un resultado de corto plazo (evitar los altos costos de la energía no suministrada) asumiendo costos significativamente mayores que los que tendría el sistema con cortes".
Como resultado de esta medida, el sistema genera un costo adicional de $600 millones de dólares al año. "Dado que los consumidores son quienes se van a hacer cargo de estos costos por los próximos años, este tipo de contratos se transforman en hipotecas muy caras a pagar" para ellos, indicó.
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