Raúl Martins, ex agente de la SIDE, fue detenido en México por el delito de explotación sexual. Se trata de un hombre cercano a Mauricio Macri que, entre otras cosas, aportó para la campaña del actual Presidente para las elecciones porteñas de 2011, cuando consiguió la reelección.
Así lo reveló la declaración de su hija, Lorena Martins, del 24 de enero de 2012. En el escrito judicial, la mujer, que trabajaba para su padre pero terminó siendo su denunciante, contó que Pablo Paternostro - empleado de Martins - tuvo un intercambio de mails con el empresario en el que acordaron el pago para la campaña de Macri.
Según describió, Paternostro "es una persona 'gordita' que le gusta jugar al fútbol de 9", característica reflejada en su casilla de e-mail. El 26 de junio de 2011, el empleado le escribió a Martins y dijo haber recibido un llamado del de "Boca", en referencia a Mauricio Macri, quien fuera presidente del club de La Ribera e hincha.
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En ese texto agregó: "Me junté con él, me pidió si se le puede aportar diez lucas para solventar gastos de campaña para la segunda vuelta. Me recordó que el año pasado, cuando nos pidió y no la necesitó, la devolvió y te lo agradeció y que le está pidiendo a los que no les pidió en la primera vuelta".
Según consta en el acta judicial de 2012, Raúl Martins contestó: "Yo creo que sí hay que aportar para Mauricio, más cuando todos los negocios están en capital" y agregó: "Virginia: dale a Pablo los $10.000. Aprovechá para presentárselo a Lorena".
En su relato, la hija de Martins aseguró que el encuentro se efectuó entre la primera y segunda vuelta de las elecciones porteñas, en un barrio de Flores. Fue con Partenostro con la idea de ver "a una persona cercana a Macri, que es de Boca".
El 3 de septiembre, la Cámara Federal de Casación Penal emitió un fallo en el que sostuvieron que Martins y sus cómplices fueron responsables en la explotación de un prostíbulo ubicado en la avenida Juan B. Justo, que operó durante años bajo distintos nombres.
Según entendió la Justicia, los ilícitos sólo podían ser posibles gracias "a la impunidad que a Raúl Martins y los restantes miembros de la organización les garantizaba la protección de funcionarios estatales", según sostuvo la jueza María Servini de Cubría.
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