Tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ordenar que se investiguen las torturas y vejámenes cometidos contra soldados durante el conflicto bélico por parte de sus superiores, ex combatientes de Malvinas llevarán el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Estamos trabajando para llevar el caso a la CIDH y trataremos de hacerlo este mes. La Corte no fue al fondo de la causa. Se sacó el caso de encima y ratificó la prescripción", dijo ala agencia DyN Ernesto Alonso, presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas del Ministerio del Interior y Transporte, que inició la causa y es querellante.
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Los ex combatientes que impulsan el caso buscan que la CIDH intervenga y le ordene al Estado argentino indagar sobre los hechos de torturas a los que fueron sometidos los soldados en Malvinas.
La presidenta Cristina Kirchner alentó a los ex combatientes a llevar el caso a la CIDH: "Espero que vayan a la Corte Interamericana. Estoy segura de que van a ser atendidos", dijo al inaugurar las sesiones del Congreso donde estaba el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
En 2007, ex combatientes presentaron una denuncia en la Justicia de Tierra del Fuego para que se investiguen torturas y vejámenes contra los soldados de parte de sus superiores.
Denunciaron estaqueamiento (atados de pies y manos y clavados al suelo) a muy bajas temperaturas; golpizas, detenciones y la falta de condiciones mínimas de higiene y salubridad.
"Tenemos acreditados 120 casos. En todas las unidades tenemos un hecho comprobado y hay dos o tres testigos por caso", contó Alonso, que integró el Regimiento 7 de Infantería "Coronel Conde", participó del combate de Monte Longdon y fue testigo de esas torturas.
"Vi a compañeros eran estaqueados y como uno de ellos moría. Primero pensé que eso solo pasó en mi compañía pero después supimos que era una metodología. En el patio trasero de la casa del gobernador se estaqueaban soldados", recordó Alonso.
Uno de los denunciados, el subteniente Jorge Taranto, pidió a la Justicia que declare prescripta la causa porque había vencido el plazo del delito para investigar, pero la jueza federal de Tierra del Fuego Lilian Herráez rechazó el pedido y calificó los hechos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
"Nos encontramos ante situaciones únicas, en donde los denunciantes son miembros de la tropa Argentina, quienes -según sus dichos- fueron sometidos a actos de suma degradación, no por el enemigo, sino por parte de sus superiores, de sus camaradas de armas", resolvió la jueza en marzo de 2009 y calificó los hechos como "graves violaciones a los derechos humanos" luego de citar tratados internacionales sobre delitos de lesa humanidad.
El fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia pero la Cámara Federal de Casación lo revocó y dictó la prescripción de la causa.
Los entonces jueces de Casación Raúl Madueño, Juan Fégoli y Juan Rodríguez Basavilbaso resolvieron en noviembre de 2009 que un delito de lesa humanidad "debe haber ocurrido en el marco de un ataque generalizado o sistemático a una población civil", lo que entendieron que no se daba en el caso de Malvinas.
Tres años después los jueces de la Corte Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda decidieron no meterse en el caso y lo desestimaron en un fallo de tres renglones: "El recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable", dijeron al dejar firme la prescripción y el cierre de la causa.
Por la prescripción se cayó el único caso en el que la Justicia pudo avanzar y se llegó al procesamiento de un sargento y un capitán.
El correntino Juan Carlos Gómez, integrante de la III Brigada de Curuzú Cuatiá, denunció que el sargento primero Hugo Alvarez lo estaqueó en Liceo Militar General Roca de Comodoro Rivadavia por orden del capitán Daniel Polano. La jueza Eva Parcio de Seleme procesó a Alvarez y Polano por el delito de vejámenes pero Casación revocó esa decisión y dictó la prescripción.
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