Una delicada situación es la que atraviesan en la actualidad las instituciones que trabajan con personas con discapacidad en la provincia de Entre Ríos. Recortes sistemáticos y deudas permanentes de Nación, sumados al incremento diario de los costos de mantenimiento, ha llevado a los organismos a achicar gastos, tomar medidas drásticas e incluso dejar entrever la posibilidad de tener que cerrar sus puertas.
Desde la órbita nacional adeudan fondos millonarios. El pasivo, especialmente el relacionado al Programa Incluir Salud dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, se fue acumulando y agravando un escenario donde la devaluación y la inflación imparable juegan un papel casi central y se complementan. La situación llevó a que tres organizaciones que son modelo en el tratamiento de personas con discapacidad -Apana, Don Uva y San Francisco de Asís- se organizaran en septiembre de 2018 para llevar adelante un reclamo en conjunto. El monto adeudado, por aquellos días, llegaba a los 20 millones de pesos.
"La falta de pagos ha hecho que entremos en una situación crítica, donde peligra la cobertura de los chicos que atendemos, porque no se puede sostener en el tiempo. Fueron cancelando algunos meses, no pagan con continuidad. Pagan febrero y enero no, por ejemplo", explicaba en aquel momento en un comunicado Cristina Ripari, directora de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados -Apana-. Y agregaba: "Hemos tenido el ingreso de unos meses que nos permitió respirar un poco, pero no sabemos si vamos a tener que esperar cuatro o cinco meses más para volver a cobrar".
Más de un año después, siguen sin respuestas. Entre las tres, atienden a 300 pacientes, de los cuales más de la mitad dependen de Incluir Salud. Junto a ellos se ven afectados de manera indirecta profesionales, transportistas y trabajadores administrativos.
"Ahora Incluir Salud se fue poniendo al día, pero siempre con atrasos. El último pago recibido es de junio, pero estamos en octubre" indicó a El Destape, la propia Ripari. Y agregó: "Ese es el principal problema, el desfasaje entre las liquidaciones y los pagos, que ocasionan un desequilibrio económico, un hueco para el cual es difícil adecuarnos".
En ese contexto, los precios imparables y los aumentos de sueldo se convierten en dos variables que empujan aún más a tener que tomar decisiones drásticas. En Apana -que atiende a 70 beneficiarios- se echó este año a un trabajador de la panadería del lugar: "Estamos buscando reconvertirla, mejorarla, crear un mercado más amplio. No nos vamos a rendir, estamos buscándole la vuelta para que siga funcionando".
La deuda actual del gobierno nacional con Apana es de tres millones de pesos: "Cobramos junio, esa facturación se presentó a fines de ese mes, con montos de esa época. De junio para acá la moneda se desvalorizó, corremos de atrás todo el tiempo. Y no es sólo a nosotros, le pasa a todas las instituciones".
El agua, en algunos casos, llegó todavía más al cuello. Y hubo que, lamentablemente, ajustar. El 23 de septiembre de este año 11 empleados de la Cooperadora San Francisco de Asís fueron echados, como consecuencia de no poder sostener más el crítico escenario de la institución. Los recortes nacionales en el área, sumados a la falta de pagos de obras sociales, empujaron a los directivos a tomar la drástica decisión.
Las gestiones en el Congreso de la Nación tampoco han tenido los frutos esperados. Según indicó a El Destape la senadora nacional justicialista por Entre Ríos, Sigrid Kunath, una batería de presentaciones se han realizado desde su banca para conocer el estado de situación en materia de deudas y prestaciones.
Un proyecto de Comunicación de la legisladora -el 2208/18- solicitó un informe respecto de las demoras en el envío de partidas a la provincia para dar cobertura a las prestaciones de Incluir Salud. Posteriormente, en una norma de similar características -la 2992/18-, Kunath reiteró la necesidad de respuestas en materia de demoras en los pagos de los servicios prestados, además de información sobre los recursos presupuestarios que habían sido transferidos y asignados a la Agencia de Discapacidad y el presupuesto asignado y ejecutado en el Programa Incluir Salud. El pedido se hizo otra vez en 2019, junto a una consulta expresa al jefe de Gabinete, Marcos Peña.
"Nosotros ademas estamos promoviendo la creación de una Comisión de Discapacidad en Senado -el proyecto original es de la chaqueña María Inés Pilatti- ya que los proyectos inherentes a la temática se tratan en la Comisión de Población" afirmó la senadora.
*Juan Pablo Scattini es corresponsal de El Destape en Entre Ríos.
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