El Senado bonaerense debatirá esta noche el proyecto de ley impositiva 2020, enviado por Axel Kicillof a la Legislatura, como complemento de la emergencia ya sancionada. Dado el pedido de una prórroga en el tratamiento, se espera que el mismo comience a altas horas del jueves o durante la madrugada del viernes.
Entre los principales puntos del proyecto, se mantendrán las alícuotas vigentes al 2019, según el consenso fiscal firmado en 2017. Además, se actualizan en un 50% los montos que determinan reducciones de alícuotas según los ingresos obtenidos anualmente.
Estos montos no habían sido actualizados desde 2016 lo cual hizo que gran parte de las PyMES hayan sido alcanzadas con las alícuotas máximas de cada actividad. De este modo, el monto de facturación aumentó con el correr de los años pero el máximo de ingresos que otorgaba la reducción de alícuotas se mantuvo fijo. Con esta modificación, las pequeñas y medianas empresas se beneficiarán con alícuotas reducidas.
Los senadores serán los primeros en tratar esta iniciativa. A las 14 pidieron una prórroga de doce horas, por lo que la sesión podría comenzar recién a las dos de la mañana, aunque puede adelantarse si los legisladores así lo acuerdan.
El proyecto - que es complemento de la emergencia, ya que buscará generar la recaudación necesaria para financiarla - contempla una tabla de alícuotas idéntica a 2019 para los automotores, con una valuación actualizada anualmente por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor.
El impuesto inmobiliario urbano también sufrirá modificaciones. Quienes no son propietarios no lo abonan y hay una exención para aquellos que tienen una única propiedad destinada a vivienda con valuación de hasta $480.000. También el proyecto contempla una exclusión para jubilados propietarios de única vivienda con valuación de hasta $6.000.000 y haber previsional de hasta $36.100. Las exenciones alcanzarán a excombatientes y víctimas del Terrorismo de Estado.
El aumento representará en términos absolutos menos de $3.500 total en todo el año para el 86% de los contribuyentes. Ese porcentaje representa cerca de 3,8 millones de las 4,5 millones de partidas. A su vez, 2,2 millones de partidas tendrán un aumento menor a $1.000 en todo el año.
Por su parte, para las propiedades de menor valor, los aumentos serán del 15% y 35%, muy por debajo de la inflación. Finalmente, el impuesto podrá pagarse en cinco cuotas y habrá un 20% de descuento para quienes lo cancelen en un pago.
Finalmente, se encontrarán exentos del tributo rural aquellos contribuyentes que se dediquen a la explotación tambera con una extensión de 100 hectáreas, mientras que si tienen de 100 a 150 hectáreas la exención será de un 50%.
Los inmuebles de hasta 50 hectáreas, destinados a producción agropecuaria y con ingresos de hasta $7.440.000, también quedarán fuera de este incremento, al igual que los de hasta 20 hectáreas destinados a ciertas actividades de producción frutícola y con ingresos de hasta $7.440.000.
En tanto, los contribuyentes que cuenten con una superficie menor a 2.000 hectáreas tendrán un tope de aumento del impuesto del 55%, mientras que el máximo de 75% sobre el tributo a la tierra rural sólo aplicará sobre los contribuyentes con una superficie mayor a 2.000 hectáreas y una valuación fiscal mayor a $3.000.000.
Así, de los 300 mil propietarios que pagan el inmobiliario rural, aproximadamente 200 serán alcanzados por el aumento de hasta el 75%, por lo que al 82% de los dueños rurales se les aplicará una actualización menor al 55%, a lo que se sumará el descuento del 20% por pago en una cuota.
Una vez que el Senado debata este proyecto, de obtener la media sanción, se girará a Diputados donde el contexto es más favorable para el oficialismo. De la aprobación de la ley dependen muchas de las decisiones económicas que pueda tomar el Gobierno para afrontar la crisis provincial, como el llamado a la paritaria docente.
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