La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal falló a favor de la equiparación de los derechos laborales de los presos a las condiciones de trabajo libre.
La medida, tomada por los magistrados Ángela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Pedro R. David, brinda acogida al principio constitucional de "igual remuneración por igual tarea", existente en la Constitución Nacional y diversos pactos internacionales que el país suscribió y los hace extensivo a las personas privadas de su libertad.
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El voto magistrado Alejandro W. Slokar, argumentó que "no puede ser ajeno a la cuestión laboral carcelaria que enfrentar las inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la inseguridad social"; y que "Hoy en día existe un amplio consenso respecto de que, para asegurar la seguridad civil (la seguridad de los bienes y de las personas) se requiere una fuerte presencia del Estado: hay que defender el Estado de derecho. Lo mismo debería suceder para luchar contra la inseguridad social".
Concluyó que "para cualquier preso que trabaje no pueden dejar de gobernar como estándares -entre otros- el derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre, con todos sus alcances", las cuales incluye las asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, capacitación laboral y agremiación.
Los jueces dieron curso favorable a un hábeas corpus colectivo interpuesto por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación.
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