Los policías que se autoacuartelen serán multados y podrán ir a prisión

17 de diciembre, 2014 | 08.30
La Cámara de Diputados convirtió este martes en ley el proyecto por el cual se modifica el Código Penal para establecer multas y penas de prisión a cualquier miembro de seguridad que realice un paro o abandone sus tareas.

El proyecto fue votado sobre tablas y sin debate previo por 194 votos a favor y 9 en contra, dado el acuerdo existente entre los diferentes bloques para apurar el tratamiento debido a la alta densidad de iniciativas a tratar en lo que resta de la jornada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE


La iniciativa, diseñada por el senador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, reforma el Código Penal para evitar que los policías puedan concretar medidas de fuerza como hicieron a fines de 2013 cuando dejaron de cumplir su obligación de cuidar la seguridad de la población.

En ese sentido, determina que "será reprimido con multa de entre 750 y 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año el funcionario público que sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público".

A lo largo del proyecto se fijan penas de prisión para los miembros de las fuerzas de seguridad nacional, agencia estatal armada, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires que "abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que se encuentra obligado".

Esas conductas serán reprimidas con penas de prisión de entre uno y tres años e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.

Se prevén también penas de prisión de hasta 8 años para efectivos de seguridad que abandone sus tareas.

En caso que por esas acciones hubieran daños a bienes de la fuerza o de terceros, lesionados o muertes de miembros de la fuerzas de seguridad o de otras personas "se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos".

Fuente: Télam