Los periodistas que persiguieron a la oposición y hoy temen ir presos

En Argentina hubo un plan sistemático de persecución mediático y judicial contra los principales actores del campo popular, con el objetivo de instalar y sostener un gobierno afín a los intereses de los Estados Unidos y de la elite local: Cambiemos. 

Políticos, sindicalistas, dirigentes sociales, periodistas, artistas, intelectuales fueron denostados cotidianamente mediante una enorme maquinaria de manipulación pública. Muchos de ellos fueron encarcelados con causas armadas que luego se demostraron falsas. 

Mediante devaluaciones, eliminación de retenciones, tarifazos y tasas de interés usurarias, transfirieron más de 100 mil millones de dólares de la sociedad a unos pocos miles de empresarios. Los ganadores fugaron sus beneficios y para proveerlos de divisas el Estado se endeudó. El saldo es un país endeudado, empobrecido y parte de la sociedad en situación desesperante. 

Para darle viabilidad a ese proceso se armaron las causas contra la oposición. Así se distraía a la población con otro tema al tiempo que se señalaba un culpable del desastre. 

La estrategia es continental y hay documentos ya publicados en El Cohete a la Luna y en El Destape que muestran que el libreto viene del norte. Se utilizó para destituir a Manuel Zelaya en Honduras; a Fernando Lugo, en Paraguay; a Dilma Rousseff, en Brasil. También en la persecución a Rafael Correa en Ecuador y en el encarcelamiento del ex presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. 

En Brasil se comenzaron a conocer datos que dan cuenta de que la causa contra Lula fue armada. El sitio The Intercept publicó una serie de mensajes entre el juez Moro y la fiscalía que revelan la maniobra. 

En Argentina el juez Alejo Ramos Padilla está sacando a la luz documentos de prueba del armado de varias causas, que van revelando un hilo conductor que, de profundizarse, permitirá conocer qué ocurrió en materia de persecución política en Argentina en los últimos años. 

Esta semana el grupo Clarín, protagonista de la persecución, salió a atacar al juez y a defender a los periodistas involucrados con tal vehemencia que permite percibir el grado de preocupación que existe en el multimedio por que no se conozca la verdad. 

El disparador fue un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, a cargo del premio novel de la paz Adolfo Pérez Esquivel. 

La primera falacia con la que atacan al juez y a la comisión es al afirmar que los periodistas no pueden ser juzgados por su trabajo profesional. Es obvio que un periodista puede incurrir en un delito en el ejercicio de su profesión, como puede hacerlo un político, un gremialista, un médico, un ingeniero o un empresario, entre tantos otros.  

Ramos Padilla sobre Santoro

El juez se ocupó de aclarar la cuestión: “No se está analizando ni juzgando la actividad periodística de Daniel Santoro. No se lo convocó al proceso a declarar por su labor profesional, sino por su aporte material y posiblemente consciente a una o varias de las maniobras criminales investigadas”.

“Esta investigación no tiene que ver con el modo en que el periodista obtuvo la información o más precisamente sobre “la fuente” que utilizó, sino con una participación concreta en uno o varios hechos ilícitos particulares, previstos y reprimidos por el Código Penal”.

Miedo a ir presos

Tampoco es cierto que el juez Ramos Padilla tenga la intención de encarcelar a ninguno de los mencionados en la causa. Por el contrario, los cuida especialmente por la profesión que ejercen. 

“Esto implica, en el caso, limitar al máximo la utilización de las medidas excepcionales restrictivas de la libertad, ya que, en estos casos, ello implica una doble afectación; primero, la de la libertad individual que debe serle garantizada a todos los habitantes; y, segundo, lo que involucra al interés colectivo de toda la ciudadanía, cuando se trata de restringir el ejercicio de los derechos de actores democráticos fundamentales, como pueden ser los representantes del pueblo o, como aquí ocurre, un periodista con una larga e importante trayectoria profesional”, escribió el juez en la resolución donde procesó a Santoro. 

Por qué actúa la Comisión Provincial por la Memoria

En principio, vale aclarar que la opinión de la Comisión no es vinculante: es un elemento más del que dispone el juez. La razón principal por la que Ramos Padilla acudió a la comisión es obvia: tiene que investigar a los servicios de inteligencia, no puede pedirle a los mismos servicios investigados que lo asistan. Entonces, sólo le queda la comisión como organismo con la experiencia necesaria para el análisis de documentos de inteligencia. 

Desde hace 20 años el organismo ha sido auxiliar de la justicia aportando estos documentos de Archivo a las causas de lesa humanidad, donde fueron pruebas centrales en las condenas de los genocidas. Los peritos y especialistas de la comisión han sido convocados en múltiples juicios en los que se han aportado documentos probatorios según los requerimientos de jueces y fiscales de todo el país. Esta tarea también se llevó a cabo en causas como el atentado a la AMIA, el asesinato de Kosteki y Santillán o los hechos de La Tablada, todos ellos ocurridos en democracia. Es el único organismo que ha peritado documentos de inteligencia, en tanto el fondo DIPPBA (que abarca desde 1956 a 1998) es el único archivo de esa especialidad desclasificado hasta el presente en Argentina. Tal es así que su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional.

Majul, Wiñaski y otros 

Los comentarios de Luis Majul y Nicolás Wiñaski de esta semana y la inclusión de otros periodistas en la discusión solo son explicables a la luz de una defensa en bloque del único investigado y procesado: Daniel Santoro, el periodista de investigación más importante de Clarín. 

Ni el juez ni la comisión abren juicio alguno sobre ningún otro periodista: solo se los menciona como profesionales que tuvieron contacto con Marcelo D'Alessio. Al contrario de lo que aseguran, el hecho de que no estén siquiera investigados demuestra que no se juzga la labor profesional ni la relación con las fuentes: solo los casos en los que existen indicios de maniobras delictivas.   

El rol de Santoro en la red de inteligencia ilegal

El rol de Santoro no fue menor, sino doble. Por un lado, Santoro proporcionaba sustento y credibilidad a las extorsiones ejecutadas por D’Alessio. El espía ilegal amenazaba con escándalo público a sus víctimas y Santoro cumplía la amenaza en las páginas de Clarín. Pero además el juez Ramos Padilla señaló el trabajo del dúo Santoro-D’Alessio en el armado de causas judiciales contra ex funcionarios kirchneristas, en especial la causa de Gas Natural Licuado. 

El juez Ramos Padilla dijo: “existió una coordinación entre lo actuado por la asociación ilícita y las conductas llevadas a cabo por Daniel Santoro al punto tal que las acciones de éste favorecieron la realización de los planes extorsivos y coactivos que llevó adelante la organización durante más de dos años”.

“La actividad de Daniel Santoro se constituyó como una herramienta fundamental de la organización para consumar sus planes ilícitos, ya sean coactivos, extorsivos o de “blanqueo” y/o direccionamiento de información en el circuito legal”.

Los casos

Ramos Padilla procesó a Santoro por los delitos de coacción y extorsión -este último en grado de tentativa- en perjuicio del ejecutivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat y del empresario Mario Cifuentes. 

“Se encuentra acreditada la coacción de la que fue víctima el ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat, y la extorsión que sufrió el empresario y titular de la empresa OPS Mario Cifuentes y que para llevar adelante dichas acciones se requirió de la participación de Daniel Santoro”, sintetizó Ramos Padilla en la resolución del procesamiento a Santoro.

El caso del empresario petrolero Mario Cifuentes, a quien D’Alessio se acercó para ofrecerle sus servicios fue grave. El empresario estaba en búsqueda de vender su empresa pero tenía que solucionar varias cuestiones previas con la AFIP. El espía ilegal le dijo que podía solucionarlos a cambio de dinero. Cifuentes, según su relato, no aceptó y ahí comenzó la extorsión en la que participó Santoro con sus publicaciones y participaciones televisivas, donde involucraba a Cifuentes y su empresa en casos en los que no estaba relacionado. D’Alessio llegó a pedirle 1.200.000 dólares y le dijo a su víctima que podría plantarle droga a su hijo. La coordinación con Santoro era clara. D’Alessio le decía a Cifuentes que mirara el programa Animales Sueltos. Allí, según el relato del empresario, “Santoro, cuando hablaba del caso de corrupción de una empresa constructora de Brasil (O.A.S.), en vez de decir la empresa de Brasil dijo el nombre de mi empresa, concretamente dijo 'la empresa constructora O.P.S. que le arregló el departamento y que eso es el pago de la coima para recibir trabajos en Petrobras' y la verdad que eso me llamó la atención, pues era evidente que eso era un mensaje para mí”. Esto se repitió. “Ese mismo día me volvió a llamar por teléfono y me dijo ‘último aviso’: ‘Mira el programa de esta noche, si no reaccionas mañana, esto es una guerra, te sacan en Clarín y ahí empieza’”, le dijo D’Alessio a Cifuentes, según su denuncia ante el juez Ramos Padilla.  El 6 de abril Santoro publicó una nota en Clarín titulada “El nuevo Lázaro Báez: debe $800 millones y lo investigan por lavado de dinero”. En la volanta aclaraba: “Otro empresario K que hizo negocios millonarios con el Estado”. “En otros días, también sacaron notas similares del mismo tenor, con datos erróneos y maliciosos. Siempre fue el diario Clarín”, señaló Cifuentes. 

“Todos los elementos de prueba vinculados a este caso analizados de forma conjunta permiten inferir el grado de conocimiento de Santoro en el aporte al plan ilícito llevado adelante sobre Cifuentes”, escribió el juez Ramos Padilla al procesar a Santoro por este caso. 

El caso GNL

Santoro es investigado por ocho casos. En uno de ellos hasta escribió un libro. En la computadora de D'Alessio se encontró documentación sobre el caso GNL en la que decía con fecha febrero de 2018 que se iba a escribir un libro sobre el tema para “blanquear información de los servicios de inteligencia”. Tiempo después Santoro publicó el libro “El mecanismo” sobre el tema. 

En el procesamiento, el juez Ramos Padilla dice que respecto a la causa GNL se “observa una maniobra que fue pergeñada un año antes y concretada a partir de las publicaciones efectuadas por Daniel Santoro y las reuniones que él mismo se ocupó de concertar”. D’Alessio y Santoro fueron dos piezas importantes para apuntalar la causa de Gas Natural Licuado, que impulsaron Bonadio y Stornelli y que terminó apuntando contra la expresidenta Cristina Kirchner. 

Durante el gobierno de Macri una cantidad preocupante de periodistas ocuparon la mayor parte de su tiempo en difundir información sobre el gobierno anterior, en muchos casos mentirosa, en detrimento de información sobre la ejecución de un plan de transferencia de recursos multimillonarios. 

La mayoría de ellos cumplió ordenes de los medios en los que trabajan. Fue una especie de obediencia debida. Otros mintieron a sabiendas por dinero o afinidad ideológica, pero por propia decisión. Algunos participaron directamente en el armado de causas falsas. Por ahora solo hay pruebas sobre Santoro, pero seguramente surgirán otros casos en el futuro. 

A diferencia de la última dictadura en la que el neoliberalismo se impuso a sangre, fuego y desaparecidos, en este caso se instaló y sostuvo con la persecución a la oposición. Utilizando la palabra oposición en el sentido estricto, ya que los peronistas que no se opusieron a la política de Macri no fueron perseguidos. El saldo de la dictadura se contó en desaparecidos; el de este período se cuenta en niños desnutridos, en mayores que murieron por no poder consumir los medicamentos imprescindibles, en incremento de la violencia familiar fruto de la pobreza, en el regreso de enfermedades hace tiempo erradicadas: en tristeza y dolor. Ese plan de miseria planificada hubiera sido imposible de implementar sin la complicidad de muchos periodistas que hoy temen ser juzgados.