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El juicio "olvidado". Así lo llaman varios funcionarios de Comodoro Py cuando recuerdan que la sala SUM no está disponible los miércoles y viernes. Ahí, desde el 24 de febrero, se lleva adelante el juicio por las cinco muertes y los 117 heridos que dejó la represión ordenada por el gobierno de la Alianza, el 19 y 20 de diciembre de 2001. Varios cambios de jueces durante la instrucción y el debate, eternas dilaciones y seis causas relacionadas con la represión que todavía se están "investigando" es el saldo a 13 años.
Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad de la Nación, es el máximo responsable político por la represión que llegó a juicio. El hombre al que, durante la tarde del 20 de diciembre, De la Rúa le preguntó por muertos en las inmediaciones de Plaza de Mayo, es defendido por los reconocidos abogados Jorge Valerga Araoz (padre e hijo). El ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos eligió como defensor al redactor del estado de sitio, el ex secretario legal y técnico Virgilio Loiácono.
Para la definición del juicio todavía falta. Fuentes del Tribunal Oral Federal N°6 calculan los alegatos para mediados de 2015, por lo que la sentencia sería recién en septiembre del año que viene, casi 14 años después.
Las causas perdidas
Son siete causas las que están ahora en juicio: la principal, donde se juzga a Mathov y a la los altos mandos policiales y otras seis, donde se analiza la conducta de los policías en varios hechos durante la tarde del 20 de diciembre. No obstante, hay varios expedientes que siguen "investigándose" en instrucción, en un estado casi de parálisis.
La causa de Jorge Cárdenas, herido en las escalinatas del Congreso Nacional a las tres de la mañana, nunca llegó a juicio. Los policías que estaban esa noche no tenían armamento antidisturbios, por lo que efectuaron "disparos intimatorios" contra los manifestantes. Hay cinco imputados, con falta de mérito. En esa misma situación están los 29 efectivos que dispararon con balas de plomo desde el banco de HSBC hacia la calle. En la esquina de Chacabuco y Avenida de Mayo fue asesinado Gustavo Benedetto.
La responsabilidad material por la muerte del joven nunca fue resuelta. Al comienzo, el ex militar Jorge Varando estaba imputado por el homicidio. La Corte Suprema, en 2004, consideró que no había prueba suficiente para establecer su culpabilidad y se cambió la calificación por la de "abuso de armas". Con esa imputación, la defensa de Varando planteó la prescripción, otorgada por el Tribunal Oral Federal 6 y confirmada por Casación. Tampoco pudo establecerse la responsabilidad por las muertes de Riva, Lamagna y Almirón en Avenida de Mayo: hay siete imputados con falta de mérito y dos policías que ni siquiera fueron indagados.
El 20 de diciembre, a las 11 de la mañana, la Policía Montada arremetió contra las Madres de Plaza de Mayo. La situación, trasmitida por todos los canales de televisión, produjo que muchas personas se sumaran a la manifestación, tal como relataron durante el juicio varios de los heridos. Las vejaciones sufridas por Hebe de Bonafinitampoco tienen cierre judicial. Aunque, al comienzo, se solicitó rápidamente el llamado a indagatoria de todo el personal de montada que se encontraba en funciones, finalmente también fue decretada la falta de mérito para los 27 policías.
¿Qué pasó con De la Rúa?
El ex presidente estaba con falta de mérito desde el comienzo de la investigación, es decir, que no se lo podía procesar ni sobreseer. Esa medida fue tomada por la primera jueza de la causa, María Servini de Cubría. La magistrada estuvo en la Plaza y hasta constituyó su juzgado en la comisaría 2° Fue ella quién le imputó el homicidio culposo de las cinco personas que murieron en los alrededores de la Casa Rosada: Alberto Márquez, Gustavo Benedetto, Marcelo Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón.
Después del alejamiento de Servini de Cubría (cuestionada tanto por las defensas como por los querellantes), el expediente principal quedó a cargo de Claudio Bonadio, que lo procesó en octubre de 2007. Sólo dos años después, decidió sobreseerlo. La Cámara Federal revocó la decisión cinco meses después y le ordenó que profundizara la investigación. No obstante, el 4 de junio de 2010 el juez sancionado recientemente por el Consejo de la Magistratura volvió a sobreseerlo: "por la crisis política, que se vino gestando días anteriores y se hallaba en su punto cúspide, no es forzado interpretar que haya centrado sus esfuerzos en esa faceta de su gestión y no en el operativo de seguridad".
Cinco meses después, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farahle dieron la razón. Para ellos, la declaración del estado de sitio nunca puso al por entonces presidente en "posición de garante" de la vida e integridad física de los ciudadanos en un contexto de conmoción interior. El único que votó por procesarlo por homicidio y lesiones culposas fue Horacio Cattani. La fiscalía y los querellantes apelaron la medida, por lo que el asunto llegó a la Cámara de Casación.
El 27 de diciembre de 2012, al filo de la feria judicial, el ex juex Raúl Madueño; el subrogante permanente Luis María Cabral y el denunciado por las coimas en el caso Mariano Ferreyra, Eduardo Riggi confirmaron lo propuesto por Bonadio. La situación del ex presidente depende, desde comienzos de 2013, de la Corte Suprema de Justicia.
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