El intento de la gobernadora María Eugenia Vidal por copar la justicia bonaerense antes entregar el poder se encontró no sólo con un obstáculo político --el rechazo de distintos actores de la oposición-- sino que ahora deberá enfrentar un obstáculo judicial. La asociación de Abogados por la Justicia Social de La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS LPBE) denunció en los tribunales provinciales al actual secretario de Política Criminal de la Procuración, Francisco Pont Vergés, propuesto para el cargo de juez de la Cámara de Casación, porque pesan sobre él "graves acusaciones por violaciones a los derechos humanos".
La demanda presentada por AJUS fue sorteada y recayó en el juzgado contencioso administrativo Nº 4 a cargo de María Ventura Martínez. El escrito, según informaron, tienen dos objetos: reclamar que la Justicia devuelva el pliego de Pont Vergés del Senado bonaerense al Poder Ejecutivo para que Vidal dé marcha atrás. Esto se fundamenta en que luego de enviada su candidatura a la Cámara alta provincial, Pont Vergés fue denunciado por violaciones a los derechos humanos. El segundo objetivo de la presentación es que si Vidal decide ratificar a su postulante, la Justicia determine si el funcionario macrista cumple con los requisitos formales para el cargo de juez.
La AJUS advierte que Pont Vergés no cumpliría con los criterios de "solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos" establecidos en la Constitución provincial y el reglamento del Consejo de la Magistratura local para ser nombrado camarista. En concreto, recuerdan que pesan sobre él los cuestionamientos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Comisión provincial por la Memoria, quienes le advirtieron al titular del Senado bonaerense, el radical macrista Daniel Salvador, que Pont Vergés persiguió al actual Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano.
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El postulante a la Cámara de Casación bonaerense, el máximo tribunal penal de la provincia, le había iniciado un sumario administrativo y presentado una denuncia penal contra Coriolano, en respuesta a una investigación de éste por torturas y falta de asistencia médica para una mujer trans en el Servicio Penitenciario bonaerense. La semana pasada la Cámara de Apelaciones bonaerense respaldó a Coriolano y rechazó las acusaciones en su contra. El fallo del tribunal implicó un duro revés para el ministro de Justicia Gustavo Ferrari, así como para el Procurador General, Gerardo Conte Grand.
Sobre este punto, el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, ordenó una serie de medidas tendientes a que todos los involucrados en el caso –el SPB, la Procuración-, se abstengan de obstaculizar la tarea de los organismos de Derechos Humanos como la CPM y el Comité contra la Tortura. Y pidió al procurador Conte Grand detalles respecto de las denuncias iniciadas contra el Servicio Penitenciario por las torturas.
En la demanda, AJUS LPBE detalla que la denuncia contra Pont Vergés ocurrió luego de que Vidal enviara su pliego al Senado. Por ello, los abogados de la ONG reclaman a la Justicia que el pliego retorne a la mandataria, quien a la luz de los nuevos hechos deberá desistir del trámite o insistir con su tratamiento. Si la gobernadora optase por el último camino la demanda pide que el Tribunal “dé certeza respecto del cumplimiento del Dr. Francisco Pont Vergés de las condiciones de habilidad que establece la Constitución y legislación provincial para ocupar el cargo de Juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires”.
El pliego de Pont Vergés está a consideración en el Senado bonaerense junto a los expedientes de otros 41 nuevos funcionarios judiciales, cuya aprobación por mayoría simple de la Coalición Cambiemos y con la negativa del conjunto de la oposición podría avanzar en los próximos días.
Desde la oposición, la titular del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado, Teresa García, denunció un intento de la gobernadora por garantizarse impunidad a través de los nuevos nombramientos y reclamó que no sean tratados sin el consenso de las fuerzas políticas de la oposición. Incluso la Asociación de Magistrados de La Plata exhortó al Senado a que busque "consensos amplios y plurales" antes de dar acuerdo a los pliegos enviados por Vidal.
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