La evasión fiscal en Argentina alcanza los U$S 21.400 millones, que corresponden en su mayoría a las grandes empresas y al 10% con mayor patrimonio. El país se ubica quinto en el mundo, donde estos grupos le esconden a los gobiernos U$S 500.000 millones. Las estrategias corporativas para pagar menos impuestos disminuyen los recursos del Estado para hacer frente a las crisis, como la pandemia que afrontamos en la actualidad.
Acorde al tamaño de su economía, Estados Unidos lidera la evasión tributaria, con U$S 188.800 millones. En el podio la acompañan China con U$S 66.800 millones y Japón con U$S 46.800 millones.
Detrás, India con U$S 41.200 millones y, en quinto lugar, Argentina, con U$S 21.400 millones. Francia se ubica debajo, con U$S 19.800 millones, Alemania con U$S 15.000 millones, Pakistán con U$S 10.400 millones, Indonesia con U$S 6.500 millones y Filipinas, con U$S 6.400 millones.
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Las estimaciones, rescatados por OCIPEx, pertenecen a un estudio de Alex Cobham de 2017, integrante de la Red de Justicia Tributaria (Tax Justice Network). El organismo presiona contra las guaridas fiscales y las leyes hechas a medida de la evasión de las corporaciones y los grandes millonarios. La práctica de omitir impuestos es común en esos actores, que son los que más recursos le esconden a los estados.
Todo ese dinero podría usarse en estos momentos contra la pandemia, que golpea económicamente a las familias más vulnerables, quienes necesitan salir a trabajar para comer y las condiciones se lo impiden. Para ablandar su situación, el gobierno argentino implementó programas que equivalen a una inyección de más del 2% de su PBI. Aunque con un encare menos progresivo, Estados Unidos imprimirá para entregar el equivalente al 10% de su producto, tres veces más que el récord registrado en 2008.
Los reclamos de que los funcionarios recorten su sueldo fueron instaladas al ritmo de las cacerolas y operaciones mediáticas de ese 10% más rico del país. El objetivo, justamente, que no se discuta la gigantesca evasión con la que desfinancian al Estado año a año, ni en los aportes que ese grupo podría hacer para resolver las necesidades básicas de sus explotados.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no le escapó a esta campaña y prepara una disminución del 40% de los salarios de los legisladores, la suspensión de asistentes y viajes por cinco meses y el remate de activos del Congreso. Todas estas reducciones no suman más que $ 200 millones que se destinarán a la Cruz Roja. Si bien toda transferencia aporta, los $ 200 millones no se comparan con los U$S 21.400 millones calculados por el economista, y demuestra a las claras que los cacerolazos buscan un objetivo simbólico: que la población critique a los políticos y le quite la lupa de encima a los empresarios, que cada vez desfinancian más al Estado.
Las offshores, uno de los instrumentos más comunes entre los evasores, han sido tema de conversación entre la élite del empresariado. La familia de Mauricio Macri, de hecho, cuenta con 52 offshores vinculadas, pudo precisar una investigación de El Destape. Como era de esperarse, durante su presidencia le entregó un perdón a quienes habían evadido a través del blanqueo, que incluyó a familiares.
En Argentina, desde la década del 80 los dueños de compañías abusaron de las guaridas fiscales para esconderle dinero al ente recaudador, pero también para cometer delitos como la venta de armas y narcotráfico. Esta práctica común fue frenada en 2005 por quien entonces se desempeñaba en la Inspección General de Justicia y este año volvió a asumir en el cargo: Ricardo Nissen. Una de sus primeras nuevas decisiones fue prohibir las sociedades de guaridas fiscales y una de las metas para su gestión actual será investigar a la reversión de las offshores creada por el macrismo: las sociedades por acciones simplificadas (SAS).
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