La política energética será uno de los temas que deberá abordar Alberto Fernández en el próximo gobierno. La del macrismo contribuyó al empobrecimiento de la población, el ahogo del aparato productivo e industrial, la atrofia del mercado interno y el incremento de la desigualdad. Ésto se agravó con el desplome de la expansión de los servicios públicos en materia de consumo, el retraso en la incorporación de nuevos usuarios y el estancamiento en materia de innovación en infraestructura.
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Federico Bernal, director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), analizó que todos los indicadores de consumo empeoraron respecto de 2015, año en que asumió Mauricio Macri. Los requerimientos del país en materia de energía eléctrica están por debajo de los de 2014. "Semejantes caídas y retrocesos únicamente podemos encontrarlos todos juntos en países con catástrofes naturales o intervenciones militares".
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Incluso, sostuvo, la producción de petróleo está por debajo de los volúmenes alcanzados ese año. Al respecto, Bernal amplió que "la elaboración de nafta y gasoil al primer semestre estuvo un 3% por debajo de la de 2015 y la refinación de crudo con un retraso de dos décadas en sus volúmenes procesados".
Por eso, desde el Observatorio analizaron que "el sistema energético heredado por el gobierno de Alberto Fernández resulta incompatible con el normal desarrollo humano y económico del país (como de cualquier otro país)" y lo describieron como "absolutamente mercantilizado, desregulado, caótico y dolarizado. Precios de la energía y tarifas lisa y llanamente inviables; entes reguladores cooptados por las propias empresas del sector", entre otros puntos.
Así, señalaron que el próximo Gobierno deberá ejercer un trabajo "a fondo" para "revertir un sistema energético apropiado por unas 50 familias socias, parientes, amigas de Macri". Para ello, indicaron que será necesario estudiar si las revisiones tarifarias aplicadas se ajustan a las actas acuerdo, legislación específica del sector y al fallo de la Corte Suprema de 2016.
"El mayor desequilibrio pasa por resolver esta herencia, es decir, terminar con tarifas que son injustas, irrazonables e imposibles de pagar; tarifas que funden PyMEs e industrias; tarifas que funden pequeños y medianos productores agropecuarios; que destruyen a las economías regionales", explicó Bernal y agregó: "Nuestros marcos regulatorios, nuestra Constitución Nacional y el fallo de la Corte son claras y contundentes al respecto: las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles. Fin de la discusión".
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