En los días previos al discurso por la apertura del período de sesiones ordinarias correspondientes a este año, el gobierno de Alberto Fernández recuperó uno de los rasgos que había caracterizado al kirchnerismo en su paso anterior por la Casa Rosada: la capacidad de mantener entre cuatro paredes el secreto de un anuncio, una noticia o un plan hasta el momento en el que se decidiera sacarlo a la luz. A pocas horas de que el Presidente se pare frente a la Asamblea Legislativa, lo poco que se sabe con certeza sobre su mensaje son los detalles que él mismo eligió dar a conocer. Las sorpresas, para este mediodía, están, por lo tanto, garantizadas.
Será la segunda vez que Fernández enfrente a las dos cámaras del Congreso, reunidas para escucharlo. A diferencia de lo que sucedió el 10 de diciembre, cuando asumió la presidencia con un mensaje donde declaraba los principios de su gobierno y marcaba el rumbo, hoy pueden esperarse mayores precisiones. Las urgencias, en rasgos generales, son las mismas: la carga insostenible de la deuda externa, la necesidad acuciante de poner en marcha la economía real, la crisis del Poder Judicial y el sistema de inteligencia, la redistribución, progresiva y progresista, de los recursos que se generan en el país.
En aquella ocasión, todavía se desconocía el alcance real del daño que había dejado la administración Macri. Hoy, aunque quedan rincones del Estado a los que no llegó la luz, hay una mayor comprensión dónde estamos parados. Fernández comenzará su discurso con un diagnóstico completo de la situación, que intentará evitar el tono de reproche por la herencia recibida aunque no se ahorrarán críticas a quienes dejaron el poder el 10 de diciembre. Hay grietas que pueden cerrarse y otras que no; si quedaba alguna duda al respecto, quedó despejada la última semana, cuando empezaron a discutirse en serio algunos privilegios.
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Entre las medidas que sí se anticiparon, se encuentra la decisión de subir las retenciones a la soja y sus derivados. La suba, de tres puntos porcentuales, aprobada por el Congreso en diciembre, reportará al fisco unos 500 millones de dólares extra este año, cantidad que equivale, pesos más o menos, al déficit que reportó la economía argentina durante enero, multiplicado por doce. El dinero es fungible y además se espera para los próximos meses un aumento del gasto y, quizás un poco más tarde, también de la recaudación. Pero el mensaje es claro. Hacen falta recursos y no hay muchos lugares donde ir a buscarlos.
Al anunciar la medida una semana antes del discurso, Fernández quiso contener una reacción exagerada por parte de los activistas rurales. El tema finalmente no será verbalizado este mediodía pero la medida se pondrá en marcha durante la semana, después de otro encuentro entre la Mesa de Enlace y el ministro Basterra. Todos la dan por ejecutada y saben que es difícil de discutir. Fuera de micrófono, los dirigentes ruralistas reconocen que no es tanta la plata en juego: “El gobierno hace lo que tiene que hacer, que es recaudar; y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es protestar”. Todos contentos.
Mucho menos se habló, en cambio, de las decisiones que pueden afectar a otro de los sectores que más ganó durante los cuatro años de macrismo: los bancos privados de capital extranjero. Aunque en un primer momento el plan era esperar a resolver la reestructuración de la deuda antes de tocar al sector financiero, en el gobierno ya asumen que el deadline que habían fijado para el 31 de marzo deberá estirarse. Por pedido del presidente, el titular del BCRA, Miguel Pesce, propuso una serie de opciones para gravar las ganancias extraordinarias. Están sobre el escritorio de Fernández, que tiene la última palabra.
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Un caso intermedio es el de la Reforma de la Justicia. El Presidente ya anticipó que llegará al Congreso esta semana, aunque el secreto respecto a su contenido es absoluto. Después de varias versiones, se terminó el último texto en estos días, entre Fernández, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo. En los pasillos de Comodoro Py hay más inquietud por eso que por el módico recorte a las jubilaciones que dispone el proyecto que sancionará en pocos días el Senado, con menos escándalo que el que hubo en la cámara baja.
Otro proyecto que ya se encuentra listo para que Fernández anuncie hoy y llegue al Congreso en los próximos días es el de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La intención del Presidente es tratar el asunto como un tema de salud pública y evitar que caiga en una discusión entre pañuelos verdes y celestes que puede complicar su aprobación, por lo que el anuncio estará atado a otro, que contempla un plan de apoyo económico y sanitario del Estado a las familias que quieran tener su hijo, desde el momento de la concepción hasta el segundo año de vida de la criatura.
Hay muchas expectativas puestas respecto a anuncios sobre obra pública e inversiones del Estado que ayuden a reactivar la economía, especialmente en provincias cuya dependencia de este tipo de ayuda del gobierno nacional las tiene paralizadas hace años. Algo de eso habrá, aunque no se puede esperar mucho: no, al menos, hasta que no empiece a haber mayor liquidez en las arcas, sea por la reactivación o porque el final de la negociación con los acreedores, con acuerdo o con default, libere unos seis mil millones de dólares para volcar en la economía local.
El Presidente va a destacar, eso sí, las cosas en las que se avanzaron durante los primeros 70 días de gestión, haciendo énfasis en las promesas hechas durante la campaña que ya fueron cumplidas: la implementación de la tarjeta alimentaria, la suba de las jubilaciones que están en la base de la pirámide, la entrega de remedios gratuitos, las medidas impositivas que apuntan a favorecer a las PyMEs, la relación provechosa con otros países. Dada la situación en la que se encontraron las cosas, señalan en Casa Rosada, no es poco. Todavía no alcanza pero son señales claras de cuál es la dirección del camino a seguir.