La alianza Cambiemos también utilizó a miles de trabajadores estatales: hay más de dos mil empleados públicos que figuran aportando miles de pesos a la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich, algo que está estrictamente prohibido por ley.
Según un relevamiento realizado por El Destape, existen 2099 empleados públicos de dependencias nacionales, provinciales, municipales y entes autárquicos involucrados.
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Hay varios ministerios involucrados en la operación pero existen otros casos que directamente violan de lleno la ley de financiamiento partidario y podría costarles el puesto laboral: dos personas que figuran dadas de alta como trabajadores de la Fiscalía de Estado de la Provincia por $64.400, un trabajador del Estado Mayor General de la Armada que habría contribuido con $16.500 y otro de la Policía Federal Argentina que aportó $6.700 en tres oportunidades.
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