La inconcebible ligereza con que se analizan las repercusiones sociales de la antipopular política económica adoptada, junto al negacionismo y frivolidad que distingue a quienes ostentan las principales funciones de gobierno, sólo puede provocar un agravamiento de la crisis en la que la Alianza Cambiemos ha sumido a la Argentina.
Miles en la calle
La expresión es literal en más de un sentido, sin que en ningún caso brinde tranquilidad ni augure una salida de la crisis exenta de graves conflictos.
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Miles son los que han perdido su empleo en lo que va del año y otros tantos se prevé que lo pierdan en lo que resta del 2018, tanto en el sector público según fuera anunciado formando parte del ajuste, como en el sector privado en lo que coinciden las distintas encuestas y consultas entre los empresarios.
Miles son los que han caído en la pobreza e indigencia, cuyas necesidades son tan básicas como para determinar una emergencia alimentaria y sanitaria, derivando en reclamos cotidianos expresados en movilizaciones en todo el país.
Miles los que ya no pueden afrontar el pago de los servicios públicos, a punto tal que comienzan a organizar piquetes en los barrios para impedir que las empresas prestatarias les corten el suministro de energía eléctrica, gas y agua.
Miles los que protestan porque no pueden acceder a una vivienda, los inquilinos impedidos de pagar los aumentos de los alquileres y los ilusionados con créditos hipotecarios que actualizados con índices que ninguna proporción guardan con sus ingresos advierten que perderán sus propiedades en manos de los bancos.
Miles los jubilados y beneficiarios de la seguridad social –incluso discapacitados- que se manifiestan ante la ostensible injusticia que supone el recorte de sus magros recursos, resultantes de la Reforma Previsional del 2017, la eliminación o reducción de prestaciones, la estafa emergente de la Ley de Reparación Histórica y la licuación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad mediante desviaciones ilegales.
Miles, muchos miles, cientos de miles, los que han marchado la semana pasada a instancias de organizaciones sociales y sindicales poniendo de manifiesto el fracaso de las medidas económicas y la decisión firme de impulsar una modificación del rumbo que el Gobierno trata de imponer a sabiendas de que generará una profundización de las situaciones antes referidas.
Los dichos y los hechos
Con la mirada al norte, entre bailes y otras actitudes serviles verdaderamente obscenas, los responsables del Gobierno nacional insisten en mantenerse dentro de una burbuja por completo ajena a la realidad. Siguen sosteniendo que conforman un gran equipo, pero dejan que se continúe desgranando por su propia ineptitud y por mostrarse solícitos con sus verdaderos mandantes que se adueñan indisimuladamente de los principales ámbitos estatales de decisión.
No muestran pudor alguno por esas claudicaciones, ni mucho menos por las mentiras con las que conquistaron a buena parte de su electorado y que hoy quedan en evidencia con sus propios dichos que no resisten archivos como cualquiera puede comprobarlo en los numerosos videos de campaña que nutren las redes sociales.
Los pronósticos que contiene la Ley de Presupuesto no devienen de tormentas, pero nos atormentan, tanto por el abandono explícito de áreas sensibles que importan una inexorable degradación de las condiciones de vida de gran parte de la población, como por el desenfado con que se pretenden sostener indicadores económicos (tasas de inflación, cotización del dólar, crecimiento del PBI, reactivación de la economía, creación de empleo, reducción de la pobreza) que con sólo mirarle la cara a Duvojne nadie puede creer.
Sindicatos y organizaciones sociales
Son todos trabajadores –con o sin empleo- y sus familias los que encuentran su representación en ambos tipos de nucleamientos, una cuestión que no estaba clara en los años 90’ y que llevó a un distanciamiento que redujo la capacidad de respuesta popular orgánica frente al avallasamiento de derechos fundamentales.
A la par, sumó un factor más al debilitamiento del Movimiento Obrero en aras de la necesaria centralidad sindical en la construcción política de una hegemonía de los trabajadores, con vistas a un proceso de transformación virtuosa e inclusiva.
Es cierto que no todos los sectores gremiales padecieron similar miopía, como que tampoco algunos dirigentes sindicales –muchos que hoy siguen atornillados a sus cargos- tenían verdadero interés en sumar a los desocupados entre sus representados ni en poner incómodos a los gobernantes, canalizando sus reclamos, en esa otra etapa de crudo neoliberalismo.
Sin embargo, más allá de las actitudes –fruto del error o del horror- entonces observadas, no es posible plantearse linealmente disquisiciones semejantes entre aquellos y estos tiempos. La experiencia de lucha de los más vulnerados, el nivel de conciencia adquirido de la propia fortaleza, el empoderamiento e interlocución obtenido entre 2003 y 2015, exhiben importantes diferencias que impiden prescindir de las variadas formas en que se expresan los movimientos sociales y la transversabilidad que reflejan.
Aunque no se confunden ni dejan de dar cuenta de representaciones autónomas, unos y otros se yuxtaponen en las demandas centrales de derechos sociales elementales, coincidiendo cada vez más en la implementación de acciones conjuntas y en la convicción de que las soluciones son políticas, como que su concreción exige una estrategia y un proyecto común que contemple su participación con un rol protagónico.
De lo gremial a lo político
Ningún paro general es gremial en tanto mera reivindicación sectorial, pues sus motivaciones y propósitos superan largamente intereses de esa índole.
Siempre importa un reclamo político, no sólo por dirigirse a impulsar o enfrentar medidas de gobierno, sino por la demanda de un espacio específico en el campo de la Política que indudablemente le corresponde a trabajadoras, trabajadores y sus dirigencias.
El notable incremento de la conflictividad social ha tenido una impactante canalización en los dos días de paro. El lunes, con una impresionante movilización que reunió en la Plaza de Mayo –pero también en muchas otras ciudades de la Argentina- una amplia representación de sectores sindicales y de la economía popular. El martes, con un cese total de actividades al que se sumaron numerosas organizaciones de la pequeña y mediana empresa.
Las declaraciones de funcionarios tratando de demonizar a los organizadores, acompañados por los informes periodísticos que pretendían forzar una interpretación de la eficacia de la medida basada en aprietes que vulneraban la libertad de trabajo, ya a nadie convencen.
Negar la razón de tanta y tan variada adhesión al paro general no cambia una realidad que hoy es evidente hasta para el más desprevenido, tampoco apaga los focos de incendio que se propalan y amenazan con un recalentamiento general que no permitirá extinguirlos. El Presidente, afecto a entregar peones ha debido sacrificar torres y alfiles, pero sigue sin entender lo crítico que se muestra el juego y que sus torpes piruetas –que a nadie divierten- lo colocan cada vez más afuera del tablero.
Otra vez se le paró a Macri. En esta ocasión mientras bailaba y procuraba seducir a sus verdugos, lo que lejos de denotar un signo de potencia demostró una absoluta impotencia para controlar un clamor popular inocultable y una frivolidad comparable con la de María Antonieta en los albores de la Revolución Francesa.