El gobierno de Alberto Fernández envió esta mañana al Congreso el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Además de declarar una amplísima emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, la iniciativa contempla una "reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020". En ese caso, según explicó en conferencia de prensa el ministro de Economía, Martín Guzmán, significa el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos por 180 días.
El título III del proyecto lleva el nombre de "Sistema energético". En su artículo 5 establece que las tarifas de electricidad y gas natural se mantienen bajo jurisdicción federal y se faculta al Poder Ejecutivo a iniciar un "proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario".
En su artículo 6, se faculta al PEN a invervenir tanto al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) por el plazo de un año. Además, se suspende el traspaso de la jurisdicción de las empresas Edenor y Edesur a la órbita de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, medida que había dispuesto el macrismo sobre el final de su mandato, entregándole así el control de esas compañías a los dos gobiernos locales. Durante el período que dure la emergencia el ENRE "mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur)".
Guzmán señaló que el sector energético sufrió "un enorme deterioro, se agravaron las situaciones, se afectó la situación de la gente y empresas". Consideró que la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados es "un nuevo marco general e integral para discutir". Explicó también que se tomará un plazo máximo de 180 días "para cambiar el esquema tarifario que tengan un balance adecuado entre objetivo social, condiciones adecuadas para la producción y condiciones que fomenten la inversión en energía".
El ministro de Economía sostuvo que en ese plazo de hasta 180 días "se mantiene la postergación de aumentos tarifarios".
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