"Fuera Correa", gritan manifestantes por las calles del casco histórico de la colonial Quito. A diferencia de las protestas contra Dilma y el PT que sorprendieron a un Brasil poco acostumbrado a las multitudes politizadas, en el caso de Ecuador hay una larga historia de conflictos social volcado a las calles. No por nada, junto a la Argentina, el país andino es conocido por el slogan "que se vayan todos", que se popularizó durante la caída de los gobiernos neoliberales a comienzos de los 2000.
Sin embargo, como remarcó un editorialista ecuatoriano, esta vez la imputación no es genérica contra toda la clase política, sino contra Correa y su gobierno. La especificidad también es social: las capas medias y medias altas hegemonizan las protestas, y al frente de ellas están los alcaldes opositores Jaime Nebot y Mauricio Rodas.
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A esto se suma un oportunismo político evidente: en las próximas horas, el Papa Francisco visitará Ecuador por primera vez, y la intensificación de las marchas y protestas intentan crear un recibimiento convulsionado, impidiendo así que Correa -católico practicante- pueda capitalizar el encuentro.
Las protestas recuerdan a lo que pasó en Argentina luego de la resolución 125: las marchas multitudinarias tienen como objetivo bloquear una reforma impositiva que, de aplicarse, tocaría a un porcentaje ínfimo de la población. El Presidente Correa salió apurado a explicar que sólo afectaría al 2% de la población. El misterio es por qué una medida a todas luces redistributiva tiene un impacto negativo en capas sociales que no se verán afectadas por ellas, más bien lo contrario.
El centro de la polémica es un proyecto de ley sobre el cobro de impuestos a la herencia. Es decir: quedan afectados sólo las clases propietarias. Y dentro de ese universo ya minoritario, el gravamen del 47% sólo alcanza a las fortunas mayores a 500.000 dólares. Y el 30% para quienes hereden entre 200.000 y 500.000. Podemos imaginar que no son muchas las familias ecuatorianas que pueden dejarles semejante capital a su descendencia.
Ante ese escenario, Correa intentó un pacto: retirar el proyecto de ley del Congreso, a cambio de conseguir calma en la calles los días previos a la visita papal. Lo cual hizo hace dos semanas. Pero no funcionó.
El jueves pasado, dos manifestaciones opositoras confluyeron en el centro de Quito. El gobierno respondió con una marcha propia, que rodeó el palacio presidencial de Carondelet, y desde sus balcones Correa improvisó un discurso donde alertó sobre la puesta en marcha de un "golpe blando".
Más allá de los contextos, la similitud con la resolución 125 de la Argentina de 2008 tiene varias aristas. Por un lado, el origen de las manifestaciones está en una acción de gobierno que, en los papeles sólo afecta a una porción mínima de la sociedad, logra despertar una intensa solidaridad en otras capas sociales.
Tal vez, esa extraña empatía interclasista se explique cuando un gobierno toma una medida fácilmente "individualizable", en el sentido de afectar a sujetos de carne y hueso y no a corporaciones (los "herederos" en este caso) y por lo tanto, en el imaginario de los sectores medios, ellos mismos pueden ser los próximos en ser tocados. Algo de eso también ocurrió en la Argentina, cuando decenas de miles de personas que no tenían ni media hectárea de tierra, vieron que las retenciones tocaban bolsillos de "personas", no tan distintas a ellas, al menos en un sentido aspiracional.
La otra punta del hilo puede estar en otro fenómeno regional: no parece casual que los gobiernos progresistas, luego de lograr sus reelecciones (Correa reeligió en el 2013, Dilma en el 2014) tengan que enfrentar manifestaciones opositoras donde más allá de la temática específica, se pide por el fin de los mandatos.
Tal vez se esté creando una especie de "hartazgo electoral", en el sentido de un resentimiento social, de quienes siempre habían tenido un rol central en la definición del rumbo político de los países, y desde hace una década o más, ven como en forma sistemática, sus ofertas electorales quedan rezagadas por las fuerzas oficialistas. Un nuevo problema teórico y político con el que, cada vez más, nuestras democracias tendrán que lidiar.
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