Ley Brisa: el Gobierno de Macri no paga

Por Sofía González, Gustavo Sosa y Nicolás Marsico

Sancionada por unanimidad en julio de este año, la ley 27.452 fue reglamentada a principios de octubre. Sin embargo, el oficialismo termina el 2018 sin pagar la reparación a los hijos e hijas de víctimas de femicidio. Con 203 votos a favor y con acompañamiento unánime de todas las fuerzas políticas, la Ley Brisa fue sancionada el último 4 de julio creando un régimen reparatorio para niñas, niños y adolescentes hijos e hijas de víctimas de femicidio.

La misma estableció un monto equivalente a un haber jubilatorio mínimo, abonado mensualmente por el estado nacional, más una cobertura integral de salud. La reparación es hasta los 21 años y en caso de discapacidad será de por vida. Sin embargo el gobierno nacional no la está pagando demostrando que utiliza distinta vara para impulsar algunas leyes respecto de otras, según el interés del Poder Ejecutivo.

Al frente de la Dirección de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Naddeo explica que la Ley Brisa “es una reparación a cargo del estado para beneficiar, para reparar el daño sufrido de los hijos e hijas de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. Es una compensación que hace el estado para ayudar a sobrevivir con dignidad a niños, niñas y adolescentes que han quedado prácticamente desamparados, que han sufrido el trauma terrible de la pérdida de su madre y además cuyos padres biológicos pueden estar en la cárcel o incluso las parejas de la madre puede estar en la cárcel”.

El decreto reglamentario de la Ley Brisa es el Nº 871/2018 y fue publicado el 1ro de octubre en el Boletín Oficial. En el mismo se faculta a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), como Autoridad de Aplicación de la citada ley, a dictar las normas complementarias que resultaren necesarias para su instrumentación. También determina que tendrá a su cargo la administración de los recursos dispuestos para su cumplimiento, mientras que en ANSES se realizará el trámite administrativo, liquidación y puesta al pago de la prestación implementada por la ley mencionada.En su Artículo 5° la normativa instruye a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) a informar las actualizaciones mensuales, y certificar el monto total de la reparación económica establecida en la Ley N° 27.452, debiendo informar a su vez a la ANSES cualquier situación que implique modificar lo concerniente al pago de la prestación.

Consultada al respecto, la Diputada Nacional por Unidad Ciudadana, Mayra Mendoza -integrante de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia- señaló: "Saludamos que se haya debatido y aprobado la ley Brisa y esperamos que mañana pueda aprobarse la ley Micaela, ya que la formación con perspectiva de género es un aspecto fundamental. Sin embargo, estas iniciativas deben estar acompañadas por un presupuesto adecuado y no quedarse en mera expresión de deseo u oportunismo. Debe asignarse el presupuesto necesario para llevarlas adelante. El plan nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres fue uno de los programas más recortados en el presupuesto del 2019, con un recorte en términos reales del 53%". El nombre de la ley se debe al caso de Brisa Barrionuevo, una niña que vive en Moreno junto a sus hermanos gemelos, cuya madre, Diana Barrionuevo, fue asesinada a golpes por su pareja en 2015.

Distinta varaPodemos observar los plazos entre la sanción de una ley, su promulgación y su efectiva aplicación, tomando el caso de la ley de reforma previsional votada en diciembre del año pasado: La ley de reforma previsional que modificó el índice para calcular la movilidad jubilatoria fue votada el 19 de diciembre de 2017 en la Cámara de Diputados y promulgada en el Boletín Oficial mediante el decreto 1.096, el 28 de diciembre de 2017. Es decir, sólo 9 días después de la votación. En menos de 2 meses y mediante el decreto 110/2018 con fecha del 7 de febrero el gobierno nacional reglamentó seis artículos de dicha ley, tres referidos a los haberes y a la movilidad, y tres referidos a la posibilidad de que las empresas intimen a empleados mayores para jubilarse. En sus artículos 3 y 4 el decreto faculta a ANSES a fijar los importes y a actualizar los montos que determinen el cobro a partir del 1ro de marzo de 2018.

Esto significa que en menos de tres meses, y gracias a la voluntad política del gobierno de Macri, se sancionó e implementó una ley ampliamente resistida tanto en el Congreso como en las calles, y que significó un recorte a los haberes de jubilados y pensionados. Muy distinto fue el tratamiento de la Ley Brisa, ya que a más de cinco meses de haber sido votada y acompañada por todos los diputados y diputadas dentro del Congreso, y de haber logrado un amplio acompañamiento por parte de la sociedad, aún sigue sin hacerse efectivo el pago a hijos e hijas de víctimas de femicidio.

María Elena Naddeo además preside la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) junto a Gisela Cardozo y Norma Ríos, y concluye “Pensamos que es un avance importante. Pero el marco regulatorio se atrasa innecesariamente. Debería existir una difusión más grande por las áreas de gobierno de la Ciudad y de la Nación en difundir y asesorar acerca del cobro y percepción de esta compensación económica para reparar tanto dolor y tanta desprotección”.

Informe de Femicidios en 2018. El 21 de Noviembre de este año y en el marco de los 16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” dirigido por La Asociación Civil La Casa del Encuentro y El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el “Informe de Femicidios en Argentina” para el periodo 1º de Enero al 31 de Octubre de 2018. Con datos recopilados de Agencias informativas y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial así, como el seguimiento de cada caso en los medios. Presentado por Ada Rico y Clara Santamarina (Presidenta y Coordinadora de Áreas de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, respectivamente) el informe arrojó los siguientes resultados: Hay en promedio un Femicidio cada 32 horas en nuestro país. 225 Femicidios y Femicidios Vinculados de mujeres y niñas. 29 Femicidios Vinculados de hombres y niños. 250 hijas e hijos quedaron sin madre, 169 (más de 67%) son menores de edad. Desde hace una década y de manera sostenida, La Casa del Encuentro dirige el “Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano” que mantiene un registro actualizado de los femicidios en nuestro país.

Los Informes lograron un doble objetivo: por un lado, llenaron el vacío de estadísticas de femicidios, que no permitía visibilizar ni dimensionar el problema. Por otro lado, lograron la modificación del lenguaje: la sociedad y los principales medios de comunicación del país adoptaron el término Femicidio para dar corporalidad a un problema que ya no podía reducirse a un simple homicidio. “El femicidio como término político, no es sólo una muerte, es una muerte con el componente necesario de género. La mujer muere en manos de un hombre por el simple hecho de ser mujer”, explican desde la Asociación Civil. La Ley Brisa fue sancionada por unanimidad el 4 de julio de 2018, mientras tanto desde el gobierno nacional siguen postergando la reparación a los hijos e hijas de víctimas de femicidio. Algo es seguro: no será en 2018.