Luego de la privatización de la atención de los jubilados en Gualeguaychú, Entre Ríos, a favor de una compañía fundada por el director ejecutivo del PAMI, Sergio Cassinotti, el organismo volvió a favorecerlo con un segundo contrato. Para esto, le quitó el servicio a una prestadora con la que había acordado pocos meses atrás.
En mayo, Cassinotti canceló unilateralmente todos los convenios en el país. El Colegio Médico de Gualeguaychú se negó a aceptar los nuevos términos, que implicaban un recorte del 86% en sus ingresos. Como consecuencia del ajuste, los jubilados quedaron seis meses sin poder consultar doctores especialistas en la ciudad entrerriana, tal como reveló El Destape.
Recién en noviembre una compañía pidió aceptar las mismas condiciones ofertadas por el ente estatal para restaurar el servicio. Nativus SRL, con diez años como proveedora del INSSJP, dijo cumplir con todos los requisitos para brindar una atención de calidad, pero cuando recibió el contrato por $ 420.000, contaba con menos de diez médicos que trasladaba a un policonsultorio de Gualeguaychú por el día, según pudo reconstruir este medio por fuentes locales.
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Nativus fue fundada por el propio Cassinotti en 2007 y uno de los enviados nacionales para “resolver el conflicto” que benefició a esa compañía fue el asesor Diego Villalvilla, quien se había asociado con el ahora director ejecutivo del PAMI en otro emprendimiento en 2015: Soluciones Integrales para Empresas de Salud SA.
Desde que Cassinotti asumió la titularidad de la obra social estatal a principios de año, el kinesiólogo obtuvo un ascenso astronómico. Luego de la polémica resolución para dar de baja todos los acuerdos con los prestadores desde el 1 de mayo, el 26 de ese mes, por medio de una resolución interna, el hasta entonces empleado de planta con escasas responsabilidades fue promovido a asesor del directorio ejecutivo con sueldo de subgerente.
Además de Villalvilla como su enviado personal, el convenio con Nativus que desplazó formalmente al Colegio Médico de Gualeguaychú lo rubricó la encargada de la Unidad de Gestión Local (UGL) Concordia, Marta Lucía Charadía.
Como develó El Destape, luego de esto la funcionaria fue premiada con un pase a planta permanente en la boca de atención de Urdinarrain, su pueblo natal, que cuenta con menos de 9.000 habitantes. Esta estabilidad laboral, completamente atípica para quien ocupó cargo político por año y medio, favorece a Charadía, a quien le restan pocos años para poder solicitar su jubilación.
Como último acto administrativo, el 26 de noviembre, tres días antes de dejarle la UGL Concordia al militante del PRO Lucas Larraz, Charadía le quitó el convenio a una empresa que sí había aceptado el nuevo condicionamiento de Cassinotti en mayo. Sin embargo, le entregó este segundo negocio a Nativus.
Por medio de una carta documento que lleva su firma, y a la que tuvo acceso este medio, la obra social de los jubilados le escindió los contratos a la Clínica San Lucas SA por los módulos 2, 3 y 22, que representan los servicios de radiología, ecografía y ecodopler. Por la primera le transfirió la facturación por 6.432 cápitas a Nativus, por la segunda también 6.432 y por la tercera 5.748.
En la misiva, Charadía se presenta como “apoderada del Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados y cumpliendo lo ordenado por la Gerencia de Prestaciones Médicas de este instituto informo que a partir de diciembre de 2017 se producirá la reasignación de cápitas al nuevo prestador Nativus SRL, en el marco del convenio suscripto”.
Consultados por El Destape, en el PAMI explicaron que esta decisión fue consensuada con el sanatorio. Además, detallaron que Cassinotti no integra Nativus desde 2011. En papeles, el jefe del INSSJP le vendió su participación en ese entonces a Terapia Intensiva Unidad Coronaria Austral SRL (“TIUC”), aunque, desde que maneja una de las mayores cajas estatales del país, sus caminos volvieron a cruzarse en al menos dos oportunidades.
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