El fiscal encargado de combatir el lavado de dinero, Carlos Gonella, calificó a las autorizaciones del Gobierno porteño para que operen casas de cambio sin el aval del Banco Central como "cheques en blanco". Lleva en la Procelac la denuncia judicial por 17 habilitaciones repartidas por la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos presentó ante la Justicia hace una semana un documento, al que tuvo acceso El Destape, donde acusa al organismo por entregar certificados de "casas de cambio", sin antes constatar si los locales poseían el aval del Banco Central, indispensable para operar en el rubro.
"Esa autorización es un cheque en blanco", apuntó el funcionario a este medio. "La Ciudad debe llevar el registro de los comercios que se dedican a cada segmento, pero en este caso deben constatar que estén inscriptos en el BCRA. Al omitir ese paso, los funcionarios ejercieron facultades correspondientes a otros cargos", explicó Gonella.
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"Al no estar abiertos los legajos de los negocios en el BCRA, operaban de manera clandestina", había aclarado el fiscal en el programa Primera Estación, por Radio Madre.
Las cuevas acumularon numerosos reportes de operaciones sospechosas (ROS), que fueron aportados a la causa por la Unidad de Información Financiera. Estos informes elevados por los bancos donde tenían cuentas se deben al "contado con liqui" por sumas elevadas, además de transferencias que varían entre los $ 100.000 y los $ 216 millones
Alejandro Vanoli, mandamás del Central, le acercó a Gonella el 14 de agosto el pedido de investigación para dilucidar la responsabilidad de los funcionarios y hasta qué altura de la jerarquía llega. El caso puede tocar al jefe de la agencia, Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad y Justicia, y a Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño.
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