La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una intimación realizada a la Oficina Anticorrupción, que preside Laura Alonso, y exigió que entregue información sobre el organismo a la Auditoría General de la Nación.
La Sala III confirmó la decisión del juez Enrique Lavié Pico, que hizo lugar a un pedido de la AGN para auditar las tareas realizadas por la Oficina Anticorrupción durante estos cuatro años. Si bien el organismo que maneja Alonso aseguró que no puede brindar todos los datos por encontrarse bajo reserva, el tribunal argumentó que “tampoco acreditó tal circunstancia y, aún en ese supuesto, no hubiese resultado óbice a acceder a lo solicitado”.
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“La negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta de manera severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia…”, afirmó Lavié Pico, invocando un fallo de la Corte Suprema.
La falta de material entregado por la OA impidió a la AGN controlar y auditar al organismo. Particularmente, solicitaron auditar el listado de manuales de procedimientos o de guías de trabajo en uso, y la “labor realizada desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de abril de 2018, el listado de denuncias presentadas ante la justicia, de las recibidas por el Organismo y el estado actual de las mismas", según publicó minutouno.com.
Lo que la OA no quiso entregar hasta ahora es un listado de sus manuales de procedimiento y guías de trabajo y, además, detalles de su labor entre 2016 y 2018, con las listas de denuncias presentadas ante la justicia, la de las denuncias recibidas y su estado actual.
La resolución emitida por Lavié Pico enumera todos los pedidos y reiteraciones que hizo la AGN así como las excusas con las que respondía la OA para eludir la respuesta. El organismo dirigido por Alonso decía que antes de contestar quería “las preguntas de los cuestionarios correspondientes al relevamiento inicial”.
Pedía “información sobre el proyecto de auditoría, en especial se informen los objetivos, el alcance de los trabajos, los criterios y procedimientos que se van a ejecutar y los resultados que se esperan alcanzar”. Llegó a decir también que los requerimientos eran difusos ya que “lo requerido podría hacer referencia a una diversidad de datos, registros e información tanto estadística como sustancial, de alrededor de 4000 actuaciones”. La AGN advirtió que alteraba los roles de “auditor y auditado” y que “dilataba” intencionalmente sus respuestas.
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