La de la jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso finalmente se presentará ante el juez federal Luis Rodríguez este miércoles, luego de que postergaran su presencia en la causa en la que se investiga si el ex funcionario Juan José participó de "negociaciones incompatibles con la función pública" con el encubrimiento de la cuestionada funcionaria.
La secretaria de Ética Pública había sido convocada para el miércoles 21 pero su defensa pidió la semana pasada que la audiencia sea postergada porque quería asistir a un congreso internacional fuera del país.
El pedido realizado por la defensa de Alonso fue acompañado de los pasajes de avión y las invitaciones para participar del congreso por lo que la indagatoria se postergará unos días.
En la causa se investiga a Juan José Aranguren por "negociaciones incompatibles con la función pública", por haber encabezado el ministerio cuando todavía era accionista de la empresa Shell; mientras que sobre Alonso pesa haber encubierto al ex ministro y de no haberlo investigado desde la Oficina Anticorrupción a pesar de haber recibido una denuncia por el caso.
La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron al entonces ministro (dejó el cargo en junio de 2018) de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".
Denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex CEO de la filial argentina de la petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer "más de trece millones de pesos en acciones 'clase A' de la empresa Royal Dutch Shell".
El 28 y 29 de marzo de 2016 hubo resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.
También por esa decisión se autorizó la "compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia", lo que puso "en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino".
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