La Oficina Anticorrupción (OA) dictaminó sobre la situación del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, en virtud de su previo rol como CEO de Shell y su carácter de accionista de Royal Dutch Shelll Ltd en el marco de las normas sobre conflictos de intereses.
En ese sentido, sostiene que el ex CEO de Shell "no tiene obligación legal de desprenderse de las acciones que posee en la empresa Royal Dutch Shell Plc, debiendo excusarse de intervenir en todas aquellas cuestiones relacionadas con dicha sociedad (conforme artículos 41 y 42 del Decreto Nº 41/99 y 2 inciso i) y 15 inciso b) de la Ley Nº 25.188).
Pero sí por el contrario la OA considera que no es ético que Aranguren posea acciones de una empresa vinculada al sector que comanda como ministro. Es por ello que dictamina que "en cumplimiento del referido deber ético, se recomienda al señor Ministro pondere esta circunstancia y se desprenda de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc o adopte alguna medida patrimonial (tal como un fideicomiso ciego de administración y disposición), la cual, por su parte, no hará cesar el deber de excusación previsto en el articulo 15 inciso b) en atención al previo desempeño del señor Ministro como CEO de Shell CAPSA.
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La OA sustenta su recomendación en el "deber de prudencia" previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública. Este artículo sostiene que "el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores".
En junio, cuando se había desatado la polémica, Laura Alonso defendió a Juan José Aranguren, imputado por incumplir con la ley de ética pública al beneficiar con varias de sus medidas a Shell, compañía de la que es accionista. En ese entonces, para la jefa de la Oficina Anticorrupción, el ministro de Energía podía encomendar las sobre la petrolera a su superior, Mauricio Macri, o algún otro funcionario.
Alonso opinó en Televisión Pública Noticias que "tener acciones en una empresa no significa necesariamente que haya conflicto de interés". El fiscal Carlos Stornelli discrepó al pedir la imputación, que fue aceptada por el juez federal Luis Rodríguez.
"El trabajo de la Oficina Anticorrupción es prevenir. Por eso les pedimos a todos los funcionarios que no tomen ninguna decisión, que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o hacia el costado", propuso la titular del organismo.
Sin embargo, el jefe de Aranguren no es ni más ni menos que el jefe de Estado, quien no debería tomar todas las políticas que conciernen a Shell, sino más bien supervisarlas y coordinarlas.
Por otro lado, los pares del accionista petrolero son los encargados de otros ministerios, quienes suelen tener poco que ver con el día a día de Energía, por lo que resulta impracticable el planteo de Alonso.
La titular de la OA antes de esas declaraciones de fines de junio había aseverado que el caso de Aranguren, que posee $ 16 millones en acciones de Shell Internacional, es "complicado".
Los diputados nacionales del Frente para la Victoria Martín Doñate y Rodolfo Tailhade denunciaron penalmente al ministro energético por incumplir con la ley de ética pública. Por la causa, a cargo del juez Rodríguez y el fiscal Stornelli, se realizaron allanamientos para recolectar información sobre el trato preferencial que le dio el dueño de Shell a la compañía.
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