El fiscal federal Franco Picardi solicitó este lunes trabarle un embargo por $54.350.000 a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, en la causa que investiga el presunto pago de coimas y sobreprecios en torno a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, en donde se investiga a Odebrechty otras firmas ligadas a la obra pública.
Además, también se embargó a las firmas que integraron el consorcio que resultó ganador de la obra del soterramiento del tren, como Odebrecht, Ghella y Comsa, por un monto de $60.000.000, y a los ex funcionarios kirchneristas, Ricardo Jaime y José López, por $4.350.000.
Según la hipótesis que mantiene el fiscal, las firmas Odebrecht, IECSA, Ghella y COMSA pagaron coimas para poder resultar adjudicataria de la millonaria obra del soterramiento del tren Sarmiento al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime a través de dos firmas fantasmas: Controles y Auditorias Especiales SL de España (CYAES) y Control y Auditorias Especiales de Argentina S.A. (CAESA).
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
En los allanamientos, el fiscal probó que las coimas se pagaban a la firma CAESA, de Manuel Vazquez, presunto testaferro de Jaime, a través de la facturación de servicios de consultoría inexistentes. ¿Quiénes eran las firmas que pagaban por esos servicios? IECSA, de Ángelo Calcaterra, y Klienfeld Service Ltd (offshore de Odebrecht) y COMSA (Española).
Además, la propia Unidad de Información Financiera (UIF) también reportó operaciones sospechosas de IECSA, como triangulación de fondos con mesas de dinero, por lo que también se investigan posibles giros al testaferro de Jaime a través de esta metodología.
En su dictamen, Picardi entendió que el primo del Presidente era quien tomaba decisiones en IECSA al momento en que se adjudicó el contrato, se valuó la obra y cuando se negociaron las presuntas coimas, por lo que decidió trabarle un embargo por casi 55 millones de pesos. Pero además, a IECSA también lo complican los mails cruzados entre Mauricio Couri Ribeiro (ejecutivo de Odebrecht en ARG) y Javier Sánchez Caballero, gerente de la firma, donde acordaban montos y detalles del pago de sobornos en el país para resultar beneficiado en la adjudicación de la obra pública.
En este sentido, según documentos revelados por Estados Unidos a la Justicia local, el Grupo Odebrecht reconoció el pago de sobornos a funcionarios públicos de Argentina por USD35 millones, a través de intermediarios de funcionarios argentinos, que le permitieron ganar unos USD278 millones.
Como frutilla del postre, la denunciante de la causa es Graciela Ocaña, hoy diputada electa de Cambiemos en la Provincia. Una vez más, la "corrupción K" se termina topando la "corrupción M".
Cerrar sesión